La Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones a los fiscales territoriales para que intervengan cuando una comunidad autónoma se niegue o ponga obstáculos a la acogida de menores migrantes no acompañados trasladados desde Ceuta dentro del sistema de reubicación vigente.
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La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha emitido este viernes un decreto con pautas destinadas a garantizar el interés superior del menor durante los procesos de traslado y acogida.
La instrucción llega en pleno debate político sobre el destino de los menores que llegaron solos a Ceuta durante los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio. Aunque el número definitivo continúa sin determinarse, la información facilitada señala que la Policía ha recopilado datos de 1.342 menores.
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Los fiscales deberán intervenir ante un rechazo autonómico
La Fiscalía establece que, desde el momento en que la sección de menores de una comunidad de destino conozca que está previsto un traslado, deberá supervisar que existan las condiciones necesarias para garantizar la recepción y protección de los menores.
Si una comunidad autónoma rechaza, retrasa o muestra reticencias ante la llegada de los jóvenes asignados, el fiscal delegado del territorio de origen deberá comunicarlo inmediatamente a su homólogo en el lugar de destino.
La documentación remitida deberá incluir tanto la resolución de reubicación y traslado como las alegaciones presentadas por la administración autonómica para justificar su rechazo o demora.
Requerimiento urgente a la comunidad receptora
Una vez recibida esa información, el fiscal del territorio de destino deberá dirigirse a la entidad pública competente en protección de menores.
El objetivo será requerirle, “con carácter de urgencia”, que determine el recurso de acogida más adecuado para los menores que tienen previsto llegar a esa comunidad.
La Fiscalía pretende así garantizar que los jóvenes tengan asignado previamente un centro o recurso de protección y evitar situaciones de desatención una vez ejecutado el traslado.
El fiscal deberá mantener informadas tanto a la Sección de Menores como a la consejería autonómica competente y al representante del Ministerio Público del territorio del que procede el menor.
La Fiscalía advierte de posibles responsabilidades
La instrucción recuerda además que el requerimiento deberá incorporar una advertencia incluida en el real decreto que regula el actual sistema de derivaciones.
En concreto, deberá señalarse que el procedimiento se desarrolla “sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse”.
Si fuese necesario, el Ministerio Público podrá ejercer las acciones correspondientes ante un eventual incumplimiento de las obligaciones de protección.
La intervención de la Fiscalía no implica automáticamente la apertura de procedimientos contra una comunidad autónoma, sino que establece cómo deberán actuar los fiscales cuando se produzcan negativas o retrasos concretos.
El reparto de menores vuelve a enfrentar a Gobierno y autonomías
La decisión se produce mientras continúa la controversia entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas sobre el reparto territorial de menores extranjeros no acompañados.
El mecanismo vigente fue creado en 2025 con el objetivo de aliviar la presión de territorios especialmente afectados por las llegadas migratorias, entre ellos Canarias y Ceuta.
Varias comunidades gobernadas por el Partido Popular y VOX han manifestado su oposición al modelo o a determinadas derivaciones, mientras el Ejecutivo central sostiene que las autonomías deben asumir las asignaciones establecidas conforme al sistema aprobado.
La crisis de Ceuta acelera las reubicaciones
Los acontecimientos registrados a finales de julio han incrementado la presión sobre los recursos de protección de menores de Ceuta.
La dificultad para conocer con exactitud cuántos de los recién llegados son menores, junto con los procedimientos de identificación y determinación de edad, constituye uno de los principales retos administrativos surgidos tras la crisis.
Antes de cada traslado deben completarse los trámites correspondientes y garantizarse que las decisiones adoptadas respeten la legislación de protección de la infancia.
La Fiscalía insiste en que toda actuación relacionada con estos jóvenes debe tener como criterio prioritario el interés superior del menor, independientemente de las diferencias políticas existentes entre administraciones.
Mayor vigilancia del Ministerio Público
Con el nuevo decreto, la Fiscalía busca reforzar el control sobre todo el proceso, desde que se comunica una derivación hasta que el menor queda integrado en el sistema de protección de la comunidad receptora.
Los fiscales deberán vigilar que las administraciones adopten las medidas necesarias para ofrecer alojamiento, atención y protección adecuados.
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La nueva instrucción añade así presión institucional sobre las autonomías que pretendan retrasar o rechazar las derivaciones de menores procedentes de Ceuta, en un momento en el que su acogida se ha convertido en otro de los grandes frentes políticos derivados de la crisis migratoria.
