La acusación popular ejercida por el PSOE ha dado un golpe de efecto procesal a pocos días de que arranque el juicio por la ‘Operación Kitchen’. Los socialistas han solicitado a la Audiencia Nacional el ingreso en prisión provisional para el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y para el comisario Andrés Gómez Gordo, alegando un incremento significativo en el riesgo de fuga.
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La petición llega en un momento crítico, con la vista oral programada para el próximo 6 de abril, en la que se juzgará el presunto operativo parapolicial orquestado para sustraer información sensible al extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Argumentos de la acusación: vínculos con México y dudas económicas
En su escrito, el PSOE fundamenta la necesidad de esta medida cautelar basándose en varios factores que, a su juicio, comprometen la presencia de los procesados en el juicio:
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- Vínculos familiares: Martínez está casado con una ciudadana mexicana y viaja con frecuencia a México, lo que la acusación considera un «vector de fuga» evidente.
- Capacidad financiera bajo sospecha: Los socialistas cuestionan cómo ambos procesados pueden costear defensas legales de «especial complejidad» manteniendo un tren de vida de funcionarios públicos. Sospechan la existencia de «fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas» que facilitarían una huida al extranjero.
- Antecedentes recientes: El escrito recuerda que Francisco Martínez ya estuvo en prisión preventiva hasta junio de 2025 por otra causa relacionada con una organización criminal dedicada a ciberataques contra la Administración Pública.
El inicio del juicio: el 6 de abril
La ‘Operación Kitchen’ se sitúa como uno de los juicios más mediáticos del año, con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el propio Martínez en el banquillo de los acusados. Se enfrentan a delitos que incluyen malversación, organización criminal, revelación de secretos y cohecho, con penas que superan con creces los dos años de cárcel.
El objetivo del PSOE con esta solicitud es «garantizar el normal desarrollo de la vista oral y la efectividad de una eventual sentencia condenatoria». Ahora, la Audiencia Nacional deberá decidir de forma urgente si existen indicios suficientes de riesgo de fuga para decretar el ingreso en prisión de quienes fueran piezas clave del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy.
