En una intensa primera jornada de declaraciones ante el Tribunal Supremo, el entorno familiar de los principales acusados en el llamado «caso Koldo» ha cerrado filas para desvincular a José Luis Ábalos y a Koldo García de cualquier red de blanqueo o manejo de fondos ilícitos. Víctor Ábalos, hijo del exministro, y Joseba García, hermano del exasesor, han defendido que sus movimientos financieros no eran operaciones de testaferros, sino meros «favores» y apoyo familiar.
El «hijo modelo» niega el lenguaje en clave
Víctor Ábalos ha comparecido con un discurso tajante, negando ser el custodio de la fortuna oculta de su padre. Ante las sospechas de los investigadores, quienes sugerían que términos como «café» en las conversaciones intervenidas eran un código para referirse a dinero en efectivo, el hijo del exministro ha ofrecido una explicación literal: «A Koldo le gusta mucho el café y se lo traía de Colombia».
Víctor ha insistido en que, de haber existido préstamos de dinero hacia su padre, estos procedían de sus propios ingresos legales y nunca de empresas pantalla. «La situación de la familia es lamentable», declaró, subrayando el impacto profesional y personal que el proceso ha tenido sobre él.
Te interesa
Joseba García: «el hermano de los mil favores»
Por su parte, Joseba García ha intentado justificar las transferencias y pagos bajo la premisa de la lealtad fraternal. Durante el interrogatorio, reconoció haber pagado mensualidades del alquiler de Jésica Rodríguez (expareja de Ábalos) y haber recogido sobres en la sede del PSOE en la calle Ferraz. Sin embargo, matizó que estos sobres contenían liquidaciones de gastos y que siempre actuó bajo peticiones directas de su hermano, a quien todavía considera que le debe dinero por esos «adelantos».
Contradicciones y giros de guion
La sesión no estuvo exenta de tensión. Mientras los familiares intentaban presentar una imagen de normalidad doméstica, las acusaciones pusieron el foco en la entrada de la expareja de Ábalos en empresas públicas como Ineco y Tragsatec. Joseba García admitió haberla ayudado con trámites administrativos y cuidados personales, pero negó conocer si ella realmente desempeñaba sus funciones laborales, algo que la propia Jésica ha cuestionado en declaraciones previas.
La estrategia de defensa parece clara: transformar lo que la UCO considera una estructura de testaferros en una red de solidaridad familiar. El juicio continuará en las próximas semanas con las declaraciones de otros testigos clave y los peritos de la Guardia Civil.
