La APM y la Francisco de Vitoria acusan al ministro de Justicia de atacar la independencia judicial tras sus palabras sobre el procesamiento de Begoña Gómez
La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial ha alcanzado un nuevo máximo este martes, 14 de abril. Las principales asociaciones de jueces de España han calificado como «inadmisibles» las recientes declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. El ministro afirmó que la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, quien ha propuesto juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos, «ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces».
Lee tambien: Jueces anulan multas de la DGT por líneas continuas sin pruebas
La APM exige «respeto institucional»
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el sector, ha emitido un duro comunicado en el que reclama al ministro «respeto institucional y prudencia». Según la asociación, no es de recibo que un miembro del Gobierno atribuya «estados de ánimo colectivos» a los jueces ni que utilice descalificaciones públicas para combatir resoluciones judiciales.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
La APM recuerda que en un Estado de derecho, las decisiones de los jueces se rebaten a través del sistema de recursos y no mediante el descrédito público. «La defensa de la independencia judicial debe ser clara, especialmente cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno», subraya la asociación.
Lee tambien: Un audio desvela que Daniel Sancho pidió 100.000 euros a su madre para influir en los jueces en Tailandia
Preocupación por el «descrédito» del Poder Judicial
En la misma línea, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda con mayor representación, ha expresado su «profunda preocupación» por el daño que estas palabras infligen a la imagen de la Justicia. Para la AJFV, las manifestaciones de Bolaños suponen un «ataque directo a la separación de poderes» y alientan la desconfianza ciudadana sin fundamento.
La asociación apela a la responsabilidad de los poderes públicos y sostiene que preservar la confianza en el sistema judicial es una «obligación democrática de primer orden». Ambas organizaciones coinciden en que el daño reputacional que estas críticas generan sobre la Justicia podría ser difícil de reparar, instando al Gobierno a retomar los cauces de respeto institucional.
