Las tres principales asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han unificado posturas para exigir al Ministerio de Defensa que desbloquee el reconocimiento de la carrera militar como profesión de riesgo. Pero, ¿quiénes son estos colectivos, a cuántos militares representan y qué piden exactamente?
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Quién es quién: las asociaciones militares en España
A diferencia de otros cuerpos de seguridad, los militares no pueden sindicarse. Lo que la ley les permite desde 2011 es asociarse profesionalmente para defender sus intereses. Las tres que han liderado la reivindicación de la profesión de riesgo son:
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ASFASPRO (Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas). Fundada para representar específicamente al colectivo de suboficiales, que es la columna vertebral operativa del Ejército. Los suboficiales son quienes dirigen directamente a la tropa en el día a día: desde maniobras de combate hasta el mantenimiento de armamento y vehículos.
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AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles). Es la asociación de mayor recorrido mediático y una de las más activas en la defensa de los derechos profesionales de los militares. Ha denunciado en múltiples ocasiones la «extrema vulnerabilidad» de los efectivos en misiones internacionales y las condiciones de los destinos fronterizos.
UMT (Unión de Militares de Tropa). Centrada en los soldados y marineros profesionales, el escalón más numeroso de las Fuerzas Armadas y también el que se retira más joven (58 años) y, en muchos casos, con las pensiones más bajas.
Junto a estas tres, existe también ATME (Asociación de Tropa y Marinería Española), que no ha firmado los comunicados conjuntos y mantiene una postura más crítica con el proceso, exigiendo compromisos escritos y documentación técnica antes de cualquier negociación.
Las cinco demandas concretas
En su comunicado conjunto de octubre de 2026, en el que exigieron una reunión urgente con la ministra de Defensa, ASFASPRO, AUME y UMT detallaron cinco demandas:
1. Reconocimiento como profesión de riesgo. Que la carrera militar sea catalogada oficialmente como actividad de penosidad, peligrosidad y riesgo, en los mismos términos que se reconoce a bomberos, policías locales o policías autonómicos.
2. Coeficientes reductores de la edad de jubilación. Las asociaciones barajan un coeficiente de 0,20 por año de servicio, lo que permitiría adelantar la jubilación sin penalización en la pensión. Con ese coeficiente, un militar con 25 años de servicio podría reducir su edad de retiro en 5 años.
3. Equiparación de pensiones. Reclaman que los haberes reguladores que sirven de base para calcular la pensión de retiro de los militares se equiparen a los de Policía Nacional y Guardia Civil, que actualmente son más favorables.
4. Alcance universal. Que el reconocimiento incluya a todos los militares, tanto los del Régimen General de la Seguridad Social (ingresados desde 2011) como los de Clases Pasivas (anteriores a 2011). Sin esto, miles de efectivos quedarían excluidos de los coeficientes reductores.
5. Reunión al más alto nivel. Las asociaciones consideran que el tema excede el ámbito técnico del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), donde lleva más de una década sin avances, y exigen un diálogo directo con la ministra.
Los argumentos: por qué dicen que es urgente
Las asociaciones fundamentan su reclamación en tres líneas:
El riesgo es real y cuantificable. Los militares manejan armas y explosivos a diario, participan en operaciones en zonas de conflicto, realizan ejercicios con fuego real, desactivan artefactos explosivos, saltan en paracaídas y se adiestran en alta mar. Entre 2011 y 2022, según el Ministerio de Defensa, murió un militar en acto de servicio cada 22 días.
El agravio comparativo crece. Mientras Interior avanza en la aplicación de coeficientes reductores para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los militares siguen excluidos. Las asociaciones recuerdan que ya vivieron un agravio similar con la equiparación salarial, de la que quedaron fuera.
La ventana política se cierra. Con unas elecciones generales previstas para 2027, las asociaciones temen que el proceso se estanque o se convierta en lo que califican como una «zanahoria electoral»: una promesa que se anuncia para captar apoyo pero que no se materializa antes de los comicios.
Un debate que en Ceuta se vive en primera persona
Ceuta es una de las ciudades donde esta reivindicación tiene mayor resonancia. Con cerca de 3.500 militares para 84.000 habitantes, aproximadamente uno de cada 24 ceutíes es miembro de las Fuerzas Armadas. Muchos de ellos operan en un destino fronterizo de especial sensibilidad y, tras su retiro, se quedan a vivir en la ciudad.
Estado actual del proceso
A día de hoy, el proceso lleva un año de negociaciones sin resultado concreto. Defensa aceptó en abril de 2026 que el reconocimiento debería ser universal, pero ni se ha publicado el real decreto ni se ha fijado un calendario. Las asociaciones esperan respuesta a su petición de reunión urgente.
Para ver cómo se compara la situación de los militares con la de otros cuerpos, consulta nuestra tabla comparativa de profesiones de riesgo en España.
