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Madrid — Las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas ASFASPRO, AUME y UMT han unificado sus posturas para exigir al Ministerio de Defensa que reconozca formalmente la carrera militar como profesión de riesgo. Las organizaciones han solicitado una reunión presencial de máxima urgencia con la titular del ramo para evitar que el personal militar quede excluido de las mejoras en la jubilación y las pensiones que actualmente se negocian para la Policía Nacional y la Guardia Civil.
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El malestar en los cuarteles se ha disparado ante el avance de las disposiciones normativas en el ámbito del Ministerio del Interior, orientadas a aplicar coeficientes reductores de la edad de retiro a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde las asociaciones denuncian que, frente a esto, las demandas planteadas por los militares desde hace más de una década en el Consejo de Personal continúan sin ver avances concretos y amenazan con dejar a las Fuerzas Armadas en un nuevo plano de agravio comparativo, similar al ocurrido en su día con la equiparación salarial.
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Exigencia de coeficientes reductores y equiparación
Las organizaciones recuerdan que la propia ministra de Defensa ya expresó en el pasado su incomprensión ante la exclusión de los militares en procesos de equiparación retributiva anteriores, por lo que consideran que la actual situación requiere de una respuesta idéntica a nivel político.
Reclaman que se aborde de forma definitiva:
- Coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación del personal militar.
- La equiparación de las pensiones y haberes reguladores con los colectivos policiales.
- Una vía de diálogo directa al más alto nivel institucional, al considerar que la cuestión trasciende el ámbito estrictamente técnico del Consejo de Personal.
Alto grado de exigencia física y riesgos laborales
Para justificar su demanda, ASFASPRO, AUME y UMT apelan a la propia naturaleza de la actividad castrense. Las asociaciones señalan la paradoja de que una profesión caracterizada por el manejo habitual de armas y explosivos, la participación en operaciones en zonas de conflicto, los ejercicios con fuego real, las actividades de desactivación, el paracaidismo y el adiestramiento en alta mar o aire no esté catalogada oficialmente como de riesgo.
«No se trata solo de las consecuencias económicas, sino de la dignificación y el reconocimiento institucional de los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas», subrayan las tres entidades, advirtiendo de que mantendrán la presión hasta conseguir un compromiso firme por parte del Gobierno.
