El Consejo de Ministros aprueba la medida que permitirá obtener permisos de residencia y trabajo a cerca de un millón de personas, endureciendo el control de antecedentes penales
El Gobierno ha dado luz verde este martes, 14 de abril, al decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación administrativa irregular. Se estima que entre 500.000 y un millón de personas que ya residen y trabajan en España podrán beneficiarse de un permiso de residencia y trabajo con una duración inicial de un año. Tras las observaciones del Consejo de Estado, el texto final ha reforzado los mecanismos de control, especialmente en lo relativo a la seguridad jurídica y los antecedentes penales.
Fechas y plazos para la solicitud
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha detallado el calendario para la puesta en marcha de los trámites:
- Jueves, 16 de abril: Inicio de la presentación de solicitudes de forma telemática.
- Lunes, 20 de abril: Apertura de la atención presencial en las ventanillas habilitadas (imprescindible cita previa).
- 30 de junio: Fecha límite para presentar la documentación.
- Resolución: Los solicitantes recibirán una respuesta en un plazo de entre 15 días y tres meses.
Requisitos y el control de antecedentes penales
Para acceder a este proceso, los extranjeros deberán acreditar haber vivido en España de forma ininterrumpida al menos cinco meses (con fecha de referencia a 1 de enero de 2026) y carecer de antecedentes penales.
Uno de los puntos más debatidos ha sido la acreditación de la ausencia de antecedentes. Finalmente, el Gobierno no aceptará la mera declaración jurada como prueba definitiva. Si el solicitante no logra obtener el certificado de su país de origen, podrá presentar una declaración de responsabilidad, pero esta activará una intervención del Ministerio de Justicia, que se encargará de contactar diplomáticamente con las autoridades del país correspondiente para verificar la información.
Te interesa
Exclusiones y precisiones del texto
El decreto final ha introducido matices importantes respecto al borrador inicial:
- Exclusión de apátridas: La población saharaui, entre otros colectivos de apátridas, queda fuera de este proceso extraordinario. El Ejecutivo argumenta que su estatus jurídico requiere procedimientos distintos para evitar solapamientos legales.
- Protección internacional: Sí se incluyen en la vía de regularización aquellos solicitantes que se encuentren en trámites de protección internacional.
Con esta medida, demandada por diversos sectores sociales y económicos, el Gobierno busca integrar en el sistema legal a una masa crítica de trabajadores que ya contribuyen a la economía, reforzando al mismo tiempo la vigilancia sobre el cumplimiento de la legalidad vigente.
