La Comisión Europea ha decidido abrir un expediente para determinar si el Gobierno de Pedro Sánchez cumplió con las normas de la Unión Europea al ejecutar por decreto la regularización extraordinaria de inmigrantes. Este proceso culminó con un total de 1.174.968 solicitudes, a pesar de que el Ejecutivo había estimado inicialmente medio millón de peticiones.
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El organismo europeo ha respondido a una petición registrada en julio por Junts, en la que la formación independentista catalana denunciaba que el Real Decreto aprobado por Sánchez para llevar a cabo la regularización de extranjeros sin el visto bueno del Congreso incumplía varias normas de la Unión.
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Denuncia de Junts
El pasado 23 de octubre, la Comisión Europea comunicó a Junts que examinará su denuncia a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable. En la respuesta a la formación que preside Carles Puigdemont, el ente comunitario indicó la posibilidad de incoar un procedimiento de infracción contra España. El objetivo sería garantizar que las leyes y prácticas de los Estados miembros sean conformes con el Derecho de la UE.
La denuncia de Junts, que ahora estudiará la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, cuestiona la elección de un real decreto en lugar de una ley debatida en las Cortes para implementar el proceso de regularización extraordinaria, que finalizó el pasado 30 de junio. Sin embargo, aún se están resolviendo muchas de las solicitudes presentadas.
Críticas al procedimiento
El partido secesionista también critica que el Gobierno de Sánchez no informara a Europa de sus intenciones, incumpliendo la obligación que los Estados Miembro tienen de notificar a la Comisión y al resto de integrantes de la Unión sobre medidas migratorias que puedan afectarles.
La reclamación, diseñada por Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, señala además que el Real Decreto del Gobierno socialista archiva y revoca las órdenes de expulsión de los inmigrantes que obtengan el permiso de residencia a través de este mecanismo extraordinario. Esto contraviene la directiva europea de retorno, que obliga a dictar el retorno de todos aquellos extranjeros en situación irregular en alguno de los países de la Unión.
