En una jornada clave de los informes finales ante la Audiencia Nacional, el fiscal Anticorrupción, Fernando Bermejo, ha lanzado una dura crítica contra la estrategia de defensa de la familia Pujol. El representante del Ministerio Público ha confrontado directamente el histórico eslogan político «Espanya ens roba» (España nos roba) con el fraude fiscal sistemático que atribuye al clan del expresident.
Un sistema de «omertá» y corrupción política
Según el fiscal, el caso no representa un ataque a Cataluña ni un juicio político, como han sostenido las defensas, sino la persecución de una «organización criminal» que operó bajo una ley del silencio o omertá.
- Origen de los fondos: Bermejo sostiene que la fortuna oculta en Andorra no proviene de una herencia o «deixa» del abuelo Florenci, tesis que califica de carente de soporte documental, sino de un «auténtico saqueo» de millones en diversas divisas.
- Red de clientelismo: El fiscal ha señalado que los empresarios que declararon en el juicio mantuvieron un silencio interesado para no perjudicar sus relaciones con el «poder adjudicador», lo que explicaría las facturas millonarias pagadas a Jordi Pujol Ferrusola sin justificación real.
Contradicción ideológica y fiscal
Uno de los puntos más incisivos del informe ha sido la denuncia de la hipocresía institucional. Bermejo argumenta que resulta «especialmente contradictorio» invocar un discurso de agravio económico contra el Estado mientras, de forma dolosa, se eludía el pago de impuestos destinados a servicios públicos esenciales.
«Quien defrauda a la administración pública no perjudica a un ente abstracto sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a las comunidades autónomas, incluida Cataluña».
Estructura de la organización
Para la Fiscalía, la jerarquía de esta asociación ilícita estaba claramente definida:
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- Cúspide: El expresident Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola.
- Gestión: Jordi Pujol Ferrusola, encargado de mover los fondos.
- Base: Los otros seis hermanos de la familia.
El retraso de la justicia
Ante las quejas por la duración del proceso (14 años), Bermejo ha señalado a las defensas como responsables de las «dilaciones». Ha acusado al clan de entorpecer la investigación mediante maniobras judiciales en Andorra y peticiones de expurgo de documentación para frenar el avance de la causa.
El fiscal concluye que el juicio busca proteger el sistema tributario como pilar del Estado social, defendiendo precisamente a los ciudadanos catalanes frente a quienes, ostentando la máxima representación institucional, decidieron situarse fuera de la ley.
