MADRID.– El Partido Popular ha salido al paso con dureza para contrarrestar lo que califica como «bulos del Gobierno» tras conocerse la histórica sentencia del Tribunal Supremo sobre el llamado ‘caso Koldo’. La resolución judicial condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel y a su exasesor Koldo García a 19 años. En contraste, rebaja la pena del empresario Víctor de Aldama a cuatro años —evitando su ingreso en prisión— debido a su colaboración con la Justicia, un beneficio que ha desatado fuertes críticas en el seno del PSOE y el Ejecutivo.
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El precedente de la Gürtel y la jurisprudencia
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha replicado a los socialistas recordando que este tipo de atenuantes no constituyen ninguna novedad ni un trato de favor inédito. Muñoz ha puesto como ejemplo el caso Gürtel, donde «el corruptor» Alfonso García Pozuelo también evitó la cárcel tras autoinculparse por el pago de comisiones millonarias y donaciones al PP.
«Entonces al PSOE le pareció bien y no dijo nada», ha afeado la portavoz popular.
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Para sostener la legalidad de la rebaja a Aldama, el PP ha remitido a las páginas de la propia sentencia —concretamente de la 175 a la 200—, donde los magistrados detallan de forma extensa la jurisprudencia europea que ampara los beneficios penales para quienes deciden colaborar con los tribunales en la lucha contra la corrupción.
«Reacción iracunda por terror»
Desde las filas populares muestran su «sorpresa» ante el hecho de que un Gobierno que aseguraba «venir a regenerar» la vida pública ataque ahora a los jueces en lugar de celebrar una condena a la corrupción.
Según el PP, la «reacción iracunda» del PSOE y del Ejecutivo de Pedro Sánchez responde únicamente al «miedo» y al «terror». Los populares argumentan que la Moncloa teme el párrafo del Supremo donde se confirma que la cooperación de Aldama está aportando datos clave para otras causas judiciales que siguen abiertas y que podrían salpicar más severamente al Gobierno.
Desmontando los argumentos del Ejecutivo
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha ido rebatiendo uno a uno los argumentos esgrimidos por los ministros y socios del Gobierno en las últimas horas:
- La cuantía de la pena de Ábalos: Frente a las declaraciones del ministro Óscar Puente, quien tachó de «desproporcionada» la pena de 24 años comparándola con la de un asesinato, Muñoz aclaró que la condena del exministro no es por un solo cargo, sino por la comisión de nueve delitos distintos.
- La naturaleza del tribunal: El PP rechaza los ataques de los socios de investidura que tildan a la cúpula judicial de «reaccionaria». Recuerdan que la sentencia ha sido dictada por unanimidad en un tribunal que incluye a magistrados de sensibilidad progresista.
- Los 3,7 millones de Aldama: Respecto a las críticas de que el empresario no devolverá las comisiones de las mascarillas, el PP matiza que el tribunal no consideró probado el uso de información privilegiada, un criterio que también se aplicó en beneficio de Ábalos.
Exigencia de responsabilidades políticas y la moción de censura
Tras el dictamen del Alto Tribunal, el PP subraya que el foco debe ponerse de inmediato en las responsabilidades políticas, las cuales apuntan de forma directa al presidente del Gobierno. «Es inasumible que Pedro Sánchez no las asuma», recalcan fuentes de la dirección popular.
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Al ser cuestionada sobre si este escenario propiciará la presentación de una moción de censura, Ester Muñoz ha admitido que motivos no faltan y que ya se han dado situaciones suficientes a lo largo de la legislatura para dar el paso. Sin embargo, ha descartado su activación inmediata por una cuestión meramente aritmética: el PP no cuenta actualmente con los apoyos parlamentarios suficientes para que una moción de censura prospere en el Congreso.
