La defensa del expresidente catalán acusa al órgano contable de «infracción del derecho comunitario» y de tergiversar el fallo del TJUE tras plantear este que la malversación con fondos europeos no quede amnistiada.
Barcelona. – La batalla legal en torno a la amnistía suma un nuevo episodio en las instituciones europeas. La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ejercida por el letrado Gonzalo Boye, ha presentado una denuncia formal contra el Reino de España ante la Secretaría General de la Comisión Europea. El escrito acusa al Tribunal de Cuentas de incurrir en un «incumplimiento manifiesto y deliberado» del derecho comunitario al dilatar la aplicación de la norma.
La iniciativa responde a la providencia emititada por el órgano contable, en la que consulta a las partes sobre si cabe la posibilidad de excluir de la amnistía a una treintena de ex altos cargos del Govern —entre ellos Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig— si los gastos del proceso independentista fueron sufragados con fondos de la Unión Europea.
Petición de un procedimiento de infracción urgente
En el escrito remitido a Bruselas, la defensa reclama la apertura de un procedimiento de infracción (previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE) y exige que se envíe con carácter «urgente» una carta de emplazamiento al Estado español. Boye argumenta que las actuaciones del Tribunal de Cuentas contravienen los principios de cooperación leal y de tutela judicial efectiva recogidos en los tratados europeos.
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Entre las principales alegaciones de la defensa destacan:
- Tergiversación del fallo del TJUE: Acusan al tribunal de emitir una nota de prensa oficial que «deforma» la reciente sentencia de la justicia europea, atribuyéndose el aval a cuestiones que, según la defensa, fueron declaradas inadmisibles.
- Dilación y medidas cautelares: Critican que se reabra una fase probatoria y se suspenda sine die el plazo legal de dos meses para aplicar la amnistía, manteniendo congeladas medidas cautelares que gravan a los encausados en más de 9,5 millones de euros.
Escritos paralelos al TJUE y al propio tribunal
De forma simultánea, la representación de Puigdemont, Comín y Puig ha acudido al propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para poner en su conocimiento el supuesto incumplimiento de su fallo por parte del órgano español. Asimismo, han presentado alegaciones ante el propio Tribunal de Cuentas negando de forma tajante el uso de presupuesto comunitario para los actos del procés y solicitando la resolución de la amnistía en el plazo legal establecido.
Esta ofensiva jurídica coincide con el pronunciamiento de la Fiscalía, que este mismo martes instó al Tribunal de Cuentas a aplicar la ley de amnistía de forma urgente a todos los encausados, tildando de «innecesario e improcedente» cualquier nuevo cuestionamiento tras la resolución emitida por la justicia europea.
