La Delegación del Gobierno en Madrid ha salido al paso de las acusaciones vertidas desde las filas del Partido Popular desmintiendo categóricamente haber prohibido acto alguno de apoyo a Ceuta. A través de un comunicado oficial, la institución autonómica ha acusado directamente al Ayuntamiento de Madrid de difundir informaciones falsas y ha instado a las administraciones públicas a actuar con responsabilidad, «absteniéndose de difundir bulos y de contribuir a la desinformación».
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En el escrito, el organismo institucional aclara que las convocatorias promovidas por las administraciones locales no han sufrido restricción alguna. Los ayuntamientos que han organizado concentraciones «pueden celebrarlas como actos institucionales», una circunstancia que, según afirman, se les trasladó de manera explícita. Asimismo, la Delegación confirmó que se ha informado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre estas citas para garantizar la plena seguridad durante su desarrollo.
Diferenciación jurídica: acto institucional frente a manifestación
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Para zanjar la controversia, la Delegación del Gobierno recordó el marco legal vigente en España, puntualizando que las manifestaciones no requieren de una autorización previa. Sin embargo, explicó la diferencia jurídica existente cuando la iniciativa parte de un consistorio:
- Naturaleza del acto: Al ser promovido por un ayuntamiento, jurídicamente pasa a considerarse un acto institucional y no una manifestación de carácter ciudadano.
- Ausencia de vetos: “No existe ninguna prohibición; solo una aclaración jurídica sobre la naturaleza de la convocatoria”, ha recalcado el organismo para desmontar las acusaciones de veto.
La respuesta concluye con un duro reproche hacia la postura adoptada por el PP en el consistorio madrileño, lamentando el uso de las instituciones públicas para alimentar controversias infundadas y recordando el deber de rigurosidad que deben mantener las administraciones ante la ciudadanía.
