Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en Madrid el pasado 23 de septiembre, ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, donde llevaba ingresada desde el día del desalojo, según ha informado el Sindicato de Inquilinas. Vivía desde hacía más de setenta años en un piso del distrito de Retiro. A su muerte han precedido masivas protestas por la vivienda y reacciones enérgicas desde la vida política.
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Declaraciones políticas tras la muerte de Maricarmen
El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, reaccionó en redes sociales con un escueto pero contundente mensaje: “Hijos de puta”. Irene Montero, candidata de Unidas Podemos para las próximas elecciones generales y eurodiputada, expresó: “No es una muerte, es un asesinato. Qué maldita rabia. Gracias por luchar, Mari Carmen”.
El Sindicato de Inquilinas, además de confirmar la defunción, lamentó los años de sufrimiento que la mujer había padecido. CCOO también hizo público: “Qué tristeza. Sentimos mucho esta noticia y el dolor que ha sufrido Maricarmen estos años. Un abrazo y todo el cariño para los familiares y allegados”.
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Las decenas de personas que permanecían acampadas en la Puerta del Sol expresaron su pesar al conocerse la noticia. En los micrófonos de RTVE declararon: “La han matado los especuladores”. “Un baño de agua, al final ella ha sido la razón por la que hemos empezado todo esto”, dijeron otros.
Datos clave del caso Maricarmen y marco legal aplicable
Maricarmen fue desahuciada el 23 de septiembre de la vivienda que había habitado desde 1956, situada en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro. Era la cuarta tentativa de desalojo, pese a manifestaciones y una petición de medida cautelar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. No se le había comunicado públicamente una causa médica concreta del fallecimiento. Tenía 87 años y estaba hospitalizada desde el día del desahucio. ([es.euronews.com])
El contrato de su vivienda era de renta antigua, firmado en 1956 por su padre. Tras la muerte de los progenitores, lo subrogó primero su madre y después ella misma en 2005. Pese a ello, el arrendador alegaba que la segunda subrogación no tenía validez legal, por lo que el contrato debía extinguirse. La propiedad exigía una renta de mercado muy superior (más de 2.500 euros mensuales), frente a los aproximadamente 500 que Maricarmen pagaba hasta entonces. El Tribunal Supremo, en marzo, dio la razón a la propiedad. ([es.euronews.com])
El caso se ha convertido en un punto de inflexión en la crisis del acceso a la vivienda en España. El Gobierno aprobó recientemente decretos sobre vivienda que no lograron la convalidación parlamentaria, algo que ha generado tensiones políticas. Entre tanto, sindicatos y organizaciones sociales han convocado una huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre, respaldada por las principales organizaciones estatales y por otros sindicatos en Euskadi y Galicia. ([rtve.es])
Repercusiones sociales y político-electorales
El desahucio de Maricarmen ya había desencadenado protestas que incluyeron acampadas masivas en la Puerta del Sol y otras plazas españolas. Su figura se convirtió en símbolo del drama de miles de personas para quienes la vivienda ya no es solo una necesidad básica, sino un terreno de conflicto político y jurídico. ([es.euronews.com])
El impacto del caso también está incidiendo en el calendario electoral: el presidente del Gobierno anunció elecciones generales anticipadas tras la derrota de los decretos de vivienda que pretendían responder a esta crisis. La vivienda se perfila como tema central de campaña. ([rtve.es])
Entre los elementos normativos puestos hoy en cuestión están la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que ha sido clave en las controversias sobre contratos de renta antigua, las subrogaciones generacionales y los derechos históricos de inquilinos, así como el nuevo decreto que pretendía reforzar la protección frente al desahucio. ([abogados-madrid.es])
