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BARCELONA — El ritual del cambio de hora vuelve a estar en el centro del debate coincidiendo con la llegada del final de octubre. La madrugada del próximo domingo, los relojes de toda la Unión Europea se retrasarán una hora (a las 03:00 serán las 02:00), dando paso oficialmente al horario de invierno. Una modificación obligatoria que se repite dos veces al año a pesar de que el rechazo social es mayoritario y las instituciones comunitarias llevan años intentando suprimirla.
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En 2019, el Parlamento Europeo respaldó abrumadoramente la eliminación del cambio estacional, basándose además en una macroconsulta pública en la que una amplísima mayoría de ciudadanos se mostró favorable a congelar los relojes de manera indefinida. La directiva planteaba que cada Estado miembro escogiera libremente si se quedaba de forma permanente con el horario de verano o el de invierno.
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El bloqueo político y el temor al caos económico
Sin embargo, la medida continúa en un cajón. La razón principal de la parálisis es la falta de consenso entre los gobiernos de los Estados miembros. Mientras los países del sur de Europa defienden tradicionalmente las ventajas del horario de verano por el impacto positivo en el turismo y las tardes más largas, las naciones del norte suelen decantarse por el horario invernal para beneficiarse de la luz natural durante las primeras horas de la mañana.
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A este desacuerdo político se suma el temor a que una adopción descoordinada de los husos horarios por parte de cada país genere un auténtico rompecabezas operativo en el transporte internacional, las redes de telecomunicaciones, el comercio transfronterizo y los mercados financieros.
Ante la incapacidad de los Ejecutivos europeos para pactar una transición unificada que evite distorsiones, el cambio de hora continúa plenamente vigente, obligando a los ciudadanos a seguir adaptando sus relojes cada primavera y cada otoño.
