Un grupo de cinco residentes del CETI, todos con discapacidad visual y solicitantes de asilo, se ha concentrado frente a la Delegación del Gobierno para reclamar un traslado a la Península y solicitar la ayuda de las autoridades locales y nacionales y también de organizaciones pro derechos humanos
La célebre sentencia del Tribunal Supremo sobre el derecho a la libre circulación de las personas solicitantes de asilo parece que continúa siendo ajena para Ceuta y las personas que, bajo esta condición, residen en el CETI de la ciudad. Esta injusticia, que tiene difícil explicación, es la razón por la que un grupo de invidentes de origen marroquí -cinco en concreto- que llevan más de un año residiendo en el centro, se haya concentrado este miércoles frente a la Delegación del Gobierno porque todavía no han podido partir con destino a la Península. La sentencia es clara al respecto: con que la solicitud de asilo sea admitida a trámite es suficiente para poder circular libremente por todo el país con el único requisito de notificar el desplazamiento.
Sin embargo, tal y como explica Ilias Abghouny, erigido como portavoz de sus compañeros, pese a que desde la Policía les aseguran que puedan salir de Ceuta gracias a la sentencia del Supremo, en el CETI les explican que no pueden ayudarles «porque no pueden buscarnos sitio en la Península». Además, Abghouny señala que no pueden salir por su propio pie de Ceuta porque son personas invidentes y necesitarían la ayuda de organizaciones pro derechos humanos.
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Los cinco integrantes del grupo están posesión de la famosa «tarjeta roja», que acredita su condición de solicitantes de asilo. Abghouny y sus compañeros alegan que en Marruecos han padecido «mucho sufrimiento» debido a su condición de personas con discapacidad visual y reclaman la protección de España «porque es un país de Derechos Humanos».
