El exmandatario peruano Alejandro Toledo, quien gobernó entre 2001 y 2006, ha sido sentenciado a 20 años y seis meses de prisión por delitos de colusión y lavado de activos. La sentencia fue emitida este lunes, tras comprobarse que Toledo favoreció a la empresa brasileña Odebrecht en la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica, que conecta Perú y Brasil.
La Justicia peruana ha aceptado la solicitud del Ministerio Público, imponiendo a Toledo nueve años de cárcel por colusión y 11 años y seis meses por lavado de activos. Según el tribunal, se demostró una serie de irregularidades y una inusitada injerencia en el proceso de licitación, actos ilícitos vinculados directamente a Toledo Manrique.
El fallo judicial indica que Toledo, de 78 años, se coludió con Odebrecht, recibiendo una coima de 35 millones de dólares para asegurar la licitación de la construcción de los mencionados tramos de la carretera, causando un perjuicio significativo al Estado peruano.
Primer Exmandatario Condenado por el Megacaso de Corrupción
Esta sentencia convierte a Toledo en el primer expresidente peruano condenado por el escándalo de corrupción de Odebrecht. El tribunal también dictó penas de prisión para otros involucrados, incluyendo nueve años para dos exfuncionarios de Proinversión y 14 años para el empresario José Castillo Dibós.
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez calificó la sentencia como ‘histórica’ y ‘ejemplar’, subrayando que es un mensaje claro de que no debe haber impunidad para los crímenes de corrupción en Perú. Pérez destacó la importancia de esta decisión judicial como un paso firme hacia la justicia y la transparencia en el país.
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Además, el fallo resalta cómo Toledo utilizó a su amigo, el fallecido empresario israelí Josef Maiman, como intermediario para recibir los sobornos a través de empresas creadas específicamente para este propósito. La sentencia ordena la inmediata reclusión de Toledo en el penal de Barbadillo, donde ya estaba detenido desde su extradición desde Estados Unidos en abril de 2023.
Este caso emblemático refleja el compromiso del sistema judicial peruano de combatir la corrupción a todos los niveles, reafirmando su independencia y autonomía en la persecución de delitos que afectan gravemente al Estado y a la sociedad.
