Las Secciones Sindicales de CC.OO. Servicios a la ciudadanía y UGT Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma ante las especulaciones y rumores sobre el futuro del Centro de Realojo Temporal (CTR) La Esperanza, lo que ha producido una gran inquietud entre el colectivo de trabajadores del Centro, y dado que en ningún momento se nos ha hecho partícipes de las intenciones que el Gobierno de la Ciudad pudiera tener sobre este espinoso asunto, nos hemos puesto en contacto con los máximos responsables de la Ciudad, el Presidente Vivas y la Consejera Deu, para transmitirles tanto la incertidumbre en la que viven los trabajadores del CRT La Esperanza, como la falta de información que padecemos los representantes legítimos de los trabajadores de la Ciudad, lo que nos impide conocer el estado en que se encuentra el futuro de este Centro para poder transmitirles algo de sosiego a este colectivo.
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En este sentido hemos logrado el compromiso del Gobierno de reunir a las Centrales Sindicales el próximo lunes 13 de septiembre para que los responsables del Área de Menores y de Recursos Humanos nos informen sobre sus intenciones ante la supuesta «externalización» de la gestión de los menores no acompañados, lo que supondría que los trabajadores del CRT La Esperanza deberían abandonar este Centro y ser reubicados entre el resto de Centros dependientes del Área de Menores. Aunque tenemos que manifestar que a esta hora aún no se nos ha convocado oficialmente en un lugar y a una hora determinados, lo que no nos sorprende porque, aunque el pasado viernes debería haber estado cerrada esta cita. La improvisación del Gobierno en este y otros asuntos es la nota predominante.
Por último y como cuestión previa queremos transmitirles tanto a los trabajadores, como al Gobierno y al resto de Grupos Parlamentarios y a la ciudadanía en general dos cuestiones:
- Tanto la UGT como CC.OO. estamos en total desacuerdo con la privatización de cualquier servicio público, para lo cual utilizan el eufemismo «externalizar«. La privatización de cualquier servicio supone una importante merma en la calidad con que se presta, así como un empeoramiento en las condiciones de los trabajadores que lo prestan, ya que es evidente que lógicamente tiene que haber un margen de beneficio empresarial y, por supuesto, los criterios de selección de personal no se rigen por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
- No obstante, y dado que esta decisión depende de un Gobierno basado en la legitimidad de las urnas, lo que sí manifestamos de manera rotunda es que si se tuviera que reubicar finalmente al colectivo de trabajadores de La Esperanza, esto se tendrá que realizar mediante el sistema reglado por la propia Ciudad que es el concurso de méritos y en ningún caso vamos a aceptar adscripciones por decreto, sistema absolutamente antidemocrático y que recurriríamos ante la correspondiente instancia judicial.
