Ceuta Ya! manifiesta su apoyo a las nueve trabajadoras sociales despedidas por parte de la Dirección General de Presidencia, despidos que la formación considera injustificados. Para los localistas, el motivo por el que han sido contratadas sigue vigente, lo que convertiría su despido en improcedente. Mustafa afirma que el Gobierno de la Ciudad entiende que la labor de estas trabajadoras «no es más que mera mercancía»
Lee tambien: Feijóo marca líneas rojas a Marruecos y exige poner fin a los chantajes en las fronteras de Ceuta
Con motivo de la entrada masiva del pasado mayo, la Ciudad Autónoma procedió a la contratación, a través de una bolsa de trabajo, de doce trabajadoras sociales para, entre otras funciones, elaborar informes relativos al estudio de la situación de vulnerabilidad de los menores no acompañados que cruzaron la frontera, así como expedientes de repatriación, y demás documentación requerida por la administración.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
A nueve de estas trabajadoras se les ha comunicado su cese, a pesar de que la Ciudad sigue acogiendo a un número importante de los citados menores, habiendo procedido Marruecos, de hecho, al envío de setenta y cinco dictámenes individualizados del total de los requeridos, lo que, unido a más labores relacionadas con Servicios Sociales y el Área de Menores que continúan gestionándose día tras día, muestra que la función de estas trabajadoras continúa siendo necesaria.
Lee tambien: PSOE exige limpieza de pintadas en cementerio de Santa Catalina
Por todo lo anterior, Ceuta Ya! considera «incompresibles e injustificados» estos despidos y exige a la Consejería de Presidencia la readmisión inmediata de las trabajadoras afectadas. Para los localistas, el motivo por el que han sido contratadas sigue vigente, «lo que hace que su despido sea improcedente”.
Según el Secretario General de la formación, Mohamed Mustafa, nos encontramos «ante otro ejemplo más de la falta de sensibilidad de un Ejecutivo que entiende que la labor de los trabajadores y las trabajadoras no es más que mera mercancía», por lo que demanda que se haga efectivo «el derecho de estas trabajadoras a finalizar los seis meses de contrato que se les pretende hurtar».
