El objetivo es negociar posibles cambios legislativos que promuevan una «solidaridad obligatoria» entre autonomías españolas.
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Este martes pasado, se iniciaron las reuniones que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han mantenido con todos los grupos parlamentarios del Congreso.
El objetivo es negociar posibles cambios legislativos que promuevan una «solidaridad obligatoria» entre autonomías españolas. Esta medida busca que las comunidades autónomas se vean obligadas a acoger a menores migrantes no acompañados durante crisis de llegadas, como las que experimentan Canarias y Ceuta desde principios de 2024.
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A este respecto, Javier Celaya, diputado del Grupo Parlamentario Popular (GPP) por Ceuta, expresó a Europa Press que considera interesante la propuesta del Gobierno socialista, aunque requiere ajustes significativos. «Debe venir acompañada de medidas para frenar la oleada migratoria y obtener ayuda de la Unión Europea en casos de desbordamiento, evitando enfrentamientos entre comunidades», afirmó Celaya.
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, comunicó el pasado 13 de junio que su Gobierno votará a favor de la derivación de menores migrantes en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, apelando a la «solidaridad» de las comunidades autónomas debido al estado desbordado de los centros de menores en la ciudad.
Por su parte, Celaya criticó las posturas de Vox y Junts Per Catalunya, que se oponen a acoger migrantes. «Vox amenaza con romper pactos de coalición con el PP si se decide acoger migrantes, demostrando poco amor por Ceuta, Melilla y Canarias», añadió. Además, informó que el Partido Popular comunicará su posición oficial en julio tras coordinarse con todas las autonomías en la próxima Conferencia Sectorial de Política Territorial.
En paralelo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo un encuentro en Madrid con las principales entidades sociales españolas que gestionan la atención a menores no acompañados. La reunión tuvo lugar en la sede de la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid y contó con la asistencia de Unicef, Save the Children, Acnur, Cruz Blanca, Cruz Roja, Fundación Cepaim, Accem y CEAR.
Clavijo destacó la insostenible situación que vive Canarias por la cantidad de migrantes que han llegado al archipiélago en los últimos meses. El presidente canario tildó la situación como de “desastre humanitario” y elogió la labor de las ONG tras el encuentro.
Explicó que el objetivo de la reunión era transmitir con transparencia las acciones para abordar la emergencia en Canarias y prever los próximos meses, señalando que la situación podría empeorar debido al colapso de la red de acogida de niños y niñas que han llegado solos.
También se discutió la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, impulsada por el Gobierno canario junto al Estado, que requiere un amplio acuerdo social y político para garantizar la redistribución de los menores. Clavijo se mostró abierto a las sugerencias de las entidades para dar mayor protección y respuesta a las diversas circunstancias de los menores.
Andrés Conde, director general de Save the Children, valoró el encuentro y subrayó la necesidad de corresponsabilidad de las autonomías, destacando que Canarias no puede ser la única responsable de la protección y cuidado de los menores migrantes. Conde mostró su colaboración para que la reforma legislativa salga adelante.
Durante el encuentro, se enfatizó la necesidad de una intervención rápida ante la crisis migratoria. En lo que va de año, las Islas han recibido más de 19.000 personas, un aumento del 220% respecto al año pasado. También se discutió la mejora del sistema de petición de asilo, que afecta a los menores. El Ejecutivo autonómico canario está estudiando cuántos menores, de los más de 5.500 bajo su tutela, pueden acogerse a este derecho para prestar el asesoramiento adecuado.
Finalmente, Javier Celaya manifestó estar a favor de la modificación de la ley de Extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger migrantes, siempre que esté acompañada de otras medidas para mejorar el control de los flujos migratorios, subrayando que «Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía no pueden afrontar el problema solos».
