El Gobierno ha alertado sobre un aumento significativo en las ocupaciones de inmuebles que han pasado a manos del Estado tras condenas relacionadas con el narcotráfico.
Estas viviendas, muchas de ellas abandonadas o bajo custodia estatal, están siendo tomadas por personas que se resisten a abandonar los inmuebles, un fenómeno que ya ha sido apodado como el de los “narcookupas”.
Las autoridades indican que esta situación representa un desafío adicional para la gestión de los bienes confiscados, ya que combina problemas de seguridad con la necesidad de garantizar la correcta utilización de estos recursos públicos. Además, los ocupantes presentan resistencia al desalojo, lo que ha complicado los procedimientos legales y ha generado preocupación en los municipios afectados.
El Ejecutivo estudia medidas para agilizar los desalojos y reforzar la vigilancia de estas propiedades, con el objetivo de evitar que se conviertan en focos de conflicto o actividad ilegal.
