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Esta mañana, el partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), liderado por Fátima Hamed Hossaín, ha denunciado la presunta mala gestión del gerente de ACEMSA, Juan Manuel Sánchez Valderrama. En su intervención, Hamed Hossaín exigió explicaciones sobre una deuda de 9,2 millones de euros, una situación que, según sus declaraciones, ha sido confirmada por el interventor municipal. La formación ha advertido que, si no recibe una respuesta satisfactoria, podría llevar el caso ante la Fiscalía.
Sin embargo, a pesar de estas denuncias realizadas en los medios de comunicación, MDyC no ha presentado hasta el momento una acción formal ante la justicia, lo que ha generado críticas por parte de quienes exigen mayor transparencia y responsabilidad política. Este hecho ha suscitado dudas sobre la verdadera intención del partido y su compromiso con la lucha contra las irregularidades en la administración de la empresa municipal.
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Además, se señala que, lejos de tomar medidas efectivas contra las anomalías que denuncian, Fátima Hamed Hossaín y MDyC prefieren negociar en busca de mantener sus posiciones y privilegios dentro del entramado institucional. Un ejemplo de esta situación es la vicepresidencia segunda que ostenta , cargo que le otorgan una influencia considerable en la toma de decisiones dentro de la corporación municipal.
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Según fuentes internas, estas denuncias públicas sobre la gestión de ACEMSA formarían parte de una estrategia calculada que, en la práctica, no se traduce en acciones contundentes para esclarecer las presuntas irregularidades. Dichas críticas, aseguran, serían utilizadas como herramienta política sin un seguimiento real ante los órganos judiciales, funcionando como meras cortinas de humo para desviar la atención. una estrategia para presionar al gobierno y sacar tajada de este acto.
Esta situación ha reavivado el debate sobre la transparencia en la administración de las empresas municipales y la necesidad de una fiscalización efectiva que garantice el correcto uso de los recursos públicos. La ciudadanía demanda respuestas y medidas concretas que refuercen la confianza en la gestión de los fondos públicos y en la responsabilidad de sus representantes políticos.
