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Un informe de Oxfam Intermón revela que el gasto residencial dispara la tasa de pobreza laboral del 11,5% al 15,5%, afectando a uno de cada tres inquilinos a precio de mercado e impactando con dureza en la Comunidad de Madrid y Cataluña.
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El empleo en España ha dejado de actuar como una garantía suficiente para asegurar unas condiciones de vida adecuadas, en un escenario marcado por la tensión del mercado inmobiliario. Un estudio publicado este martes por Oxfam Intermón señala que 770.000 personas con trabajo caen por debajo del umbral de pobreza —situándose sus ingresos por debajo del 60% de la mediana social— una vez que abonan el coste mensual del alquiler o la hipoteca. Esta cifra se suma a los 2,2 millones de trabajadores que ya se encontraban en esta situación de vulnerabilidad antes de asumir los gastos residenciales.
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De acuerdo con el informe, elaborado a partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025, el esfuerzo económico destinado a la vivienda eleva la tasa de pobreza laboral en España del 11,5% al 15,5%. Esto implica que uno de cada seis ocupados padece dificultades severas para sostener una vida digna tras abonar el pago del inmueble en el que reside. Desde la organización señalan que la vivienda se ha consolidado como uno de los vectores que mayor empobrecimiento y brecha social generan en el país.
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El alquiler a precio de mercado, el colectivo más penalizado
La brecha socioeconómica resulta especialmente severa entre los trabajadores que viven en régimen de arrendamiento a precios de mercado. En este segmento, la tasa de pobreza laboral parte de un 19,35% previo al pago del inmueble, pero se escala de forma drástica hasta el 34,1% una vez descontado el canon mensual. De este modo, una de cada tres personas empleadas que residen de alquiler queda en situación de pobreza tras cumplir con la renta. La proporción es superior incluso a la observada entre quienes disponen de alquileres por debajo de mercado (31,3%), opción vinculada habitualmente a perfiles con escasos recursos en promociones sociales.
Por el contrario, la estabilidad financiera es significativamente superior entre la población ocupada que ostenta la propiedad del inmueble. Para quienes continúan abonando una cuota hipotecaria, la tasa de pobreza posterior al pago del techo se sitúa en el 10,2%, mientras que desciende al 8% entre aquellos con la vivienda totalmente pagada, contabilizando únicamente las cargas tributarias asociadas como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El análisis subraya la existencia de una trampa económica para los inquilinos con bajos ingresos, cuya reducida capacidad de ahorro les impide acceder a la compra de un inmueble.
Fuerte repunte de la pobreza laboral en Madrid y Cataluña
El coste de los inmuebles modifica de manera sustancial la distribución geográfica de la vulnerabilidad laboral. En términos previos al gasto residencial, las comunidades autónomas con mayores índices de pobreza en el empleo son Andalucía (17,7%), la Comunidad Valenciana (17%) y Extremadura (16,5%). Sin embargo, al deducir el importe de los arrendamientos o hipotecas, el empeoramiento más acusado se localiza en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, coincidiendo con las autonomías que registran mayor encarecimiento inmobiliario. En Madrid, la tasa se eleva del 7,3% al 12,7%, mientras que en Cataluña pasa del 7,9% al 12,9%.
Asimismo, la presión del mercado del alquiler en la capital madrileña ejerce un efecto directo sobre las regiones colindantes debido al desplazamiento de trabajadores hacia ciudades dormitorio. Esta dinámica sitúa a Castilla y León (50,7%) y a Castilla-La Mancha (48,7%) entre los territorios con mayor incidencia de pobreza laboral entre los inquilinos una vez liquidada la renta mensual.
Desconexión entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza
El informe advierte de que la emergencia en materia de vivienda acentúa un problema de desigualdad estructural en España. Entre los años 2022 y 2024, la tasa de pobreza laboral experimentó un leve descenso de 0,16 puntos porcentuales —pasando del 11,64% al 11,48%—, en un periodo en el que el Producto Interior Bruto (PIB) registró un crecimiento superior al 6%. A este ritmo de contracción, España requeriría 59 años para equipararse a la media de la Unión Europea, fijada en el 8,2%.
Esta divergencia responde, en parte, a la creación de empleo con bajos niveles de calidad, una realidad que afecta con mayor intensidad a la población inmigrante procedente de fuera de la Unión Europea, cuya tasa de pobreza laboral ha aumentado del 29,5% al 31,4% en dos años. Frente a este diagnóstico, Oxfam Intermón demanda abordar de forma coordinada las políticas laborales y residenciales. En el ámbito del empleo, reclama blindar por ley las subidas del salario mínimo frente a la inflación, reforzar la negociación colectiva y tramitar el Estatuto del Becario. En cuanto al mercado inmobiliario, la entidad insta a anteponer el derecho a la vivienda frente a la especulación, incrementar la protección a los colectivos vulnerables, dar estabilidad al arrendamiento y ofrecer seguridad jurídica a los pequeños propietarios que alquilan a precios asequibles.
