El Ejecutivo ha dado un plazo de tres meses a Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para poner en marcha un Registro de Personas Objetoras, según lo establece la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. La medida busca garantizar que la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no obstaculice el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo.
En una carta enviada a los presidentes autonómicos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subraya la importancia de facilitar el acceso a este derecho y señala que “la falta de un registro limita de facto el ejercicio de un derecho fundamental reconocido por la ley”. La misiva recuerda que la creación del registro es de cumplimiento obligatorio, según el artículo 19 de la norma, y que su omisión podría derivar en la activación de mecanismos legales para exigirlo.
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El Registro de Objetores, que debe existir tanto en cada comunidad como en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), fue incorporado a la legislación en marzo de 2023 y aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024. Su objetivo es organizar y gestionar la prestación sanitaria de manera que se respete la objeción de conciencia sin afectar el acceso al aborto.
Sánchez recuerda además que este derecho ha sido avalado por el Tribunal Constitucional y enfatiza que la autonomía de las mujeres debe prevalecer sobre cualquier impedimento administrativo: “El respeto a la objeción de conciencia nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres en todo el territorio nacional”.
