El presidente de Telefónica, Marc Murtra, participó en una reunión clave el pasado 12 de febrero en París, junto al ministro de Transformación Digital, Óscar López, con el consejero delegado de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine. Según informa el semanario francés Le Point, en este encuentro, Vivendi recibió presiones para vender el 12% de su participación en el Grupo Prisa a un grupo de accionistas cercanos al Gobierno español, compuesto por Global Alconaba, Adolfo Utor (Balearia) y Diego Prieto.
El evento, que ya había sido parcialmente revelado por El Independiente hace dos semanas, también incluyó amenazas a Vivendi relacionadas con la ruptura de su acuerdo publicitario con Telefónica, a través de su filial Havas. Sin embargo, fuentes cercanas a la situación han indicado que Puyfontaine advirtió sobre las posibles consecuencias legales y económicas que podrían derivarse de una resolución unilateral de dicho contrato, lo que afectaría a los intereses de Joseph Oughourlian, principal accionista de Vivendi con un 29,7% de participación en el capital de la compañía.
Aunque Telefónica dejó de ser accionista significativo de Prisa en 2022, cuando vendió su 7% a Global Alconaba, y posteriormente se deshizo del resto de su participación a finales de 2023, la intervención de sus directivos en este proceso ha generado controversia. Especialmente, cuando parece que la maniobra podría implicar la ruptura de un acuerdo comercial con Vivendi, un factor que no parece justificar la implicación de Telefónica en una operación de carácter político.
Un contexto de desconfianza con el Gobierno
Es relevante recordar que, a finales de 2021, Vivendi solicitó al Ejecutivo de Pedro Sánchez permiso para incrementar su participación en Prisa por encima del 10%. Esta empresa española, considerada de interés estratégico, está protegida por un real decreto aprobado durante el primer estado de alarma de 2020, diseñado para evitar adquisiciones hostiles por parte de fondos de inversión. La petición de Vivendi generó suspicacias en Moncloa debido a las vinculaciones ideológicas del fundador de la multinacional francesa, Vincent Bolloré, quien es percibido como cercano a la derecha radical. Esta desconfianza llevó a que el Gobierno demorara la autorización hasta que Vivendi finalmente desistió.
Fuentes cercanas a Oughourlian han señalado que, desde entonces, existe una relación tensa entre Vivendi y el Gobierno español. Se descarta que Vivendi cambie de postura en su participación en Prisa, especialmente con el grupo de inversores encabezado por Oughourlian, que parece estar decidido a mantener su influencia en el medio.
La batalla por el control de Prisa
La reunión descrita por Le Point ratificaría la información publicada anteriormente por este medio, sobre la disposición de los llamados «accionistas rebeldes» de Prisa, con José Miguel Contreras en el centro de las operaciones, para desafiar a Oughourlian en la próxima Junta de Accionistas. Esta situación también refleja uno de los temores en los altos mandos de Prisa: la creciente intervención del Gobierno, que podría usar a Telefónica, dada su influencia económica, como herramienta para consolidar el control de la empresa, un objetivo político del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este control también incluiría medidas contra los medios de comunicación de corte conservador, muchos de los cuales mantienen importantes acuerdos publicitarios con Telefónica.
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Telefónica, por su parte, ha declinado hacer comentarios sobre los temas relacionados con la agenda de su presidente, Marc Murtra, en relación con este asunto.
La información revelada por Le Point pone de manifiesto la posible utilización de Telefónica como un actor clave en un proceso con implicaciones políticas y estratégicas, en el que el Gobierno busca posicionar a una figura afín en la dirección de Prisa, una de las principales empresas mediáticas del país.
