El Partido Popular (PP) ha presentado en el Congreso una serie de enmiendas al proyecto de Ley de Protección de los Menores en los Entornos Digitales que buscan limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y dotar a los padres de mayores herramientas de control sobre sus hijos en el mundo digital.
Entre las propuestas más destacadas se encuentra la prohibición de que los menores de 16 años puedan abrir cuentas en plataformas como Instagram, TikTok, X o Facebook, salvo que exista un consentimiento parental específico verificado por la propia red social. Además, el PP plantea un “apagón digital” nocturno: los menores no podrían acceder a estas redes entre las 22:00 y las 8:00 horas, incluso si cuentan con autorización de sus padres. La medida busca proteger el descanso de los adolescentes y reducir los riesgos de adicción a contenidos audiovisuales y de interacción en línea.
La iniciativa también contempla ampliar las responsabilidades de los padres en el ámbito digital, permitiéndoles utilizar herramientas de control parental y geolocalización de los móviles de sus hijos, siempre de manera proporcional y respetuosa con sus derechos. De manera complementaria, el PP solicita que las plataformas desactiven por defecto la geolocalización en perfiles infantiles y que solo puedan activarla con autorización explícita de los tutores.
Entre otras medidas incluidas en las enmiendas se encuentran:
- Mejores sistemas de verificación de edad para acceder a redes sociales, videojuegos y aplicaciones.
- Etiquetado obligatorio por temática y edad en todos los contenidos dirigidos a menores.
- Limitaciones a diseños y funciones adictivas, como el scroll infinito, mediante pausas y avisos.
- Posibilidad de que los jueces impongan restricciones en redes sociales a menores que hayan acosado a otros usuarios.
El proyecto de ley, promovido por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, busca garantizar la seguridad y el bienestar de los menores en entornos digitales, y las enmiendas del PP representan un enfoque más restrictivo y orientado al control parental.
Con estas medidas, el debate sobre la protección de los niños y adolescentes frente a los riesgos de las redes sociales vuelve a situarse en el centro de la agenda política, generando opiniones encontradas entre expertos, familias y plataformas digitales.
