Fernando Martín, exlíder de la inmobiliaria Martinsa, ha revelado durante el juicio del caso Gürtel que realizó un pago de 25 millones de euros a Francisco Correa. Según Martín, este desembolso fue una ‘petición expresa’ de Correa para garantizar la adjudicación de terrenos en Arganda del Rey.
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El juicio, que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, examina las presuntas adjudicaciones irregulares en Arganda del Rey. La mayoría de los acusados han optado por confesar los hechos, buscando así una reducción de sus penas mediante acuerdos con la Fiscalía. Martín enfrenta una posible condena de 19 años y 6 meses de prisión.
Durante su declaración, Martín detalló que el primer pago de 12 millones de euros se realizó en 2004, poco antes de la firma de la escritura de compraventa de las parcelas. Este dinero fue transferido a una cuenta en el extranjero proporcionada por Correa. El segundo pago, de 13 millones de euros, se efectuó en junio de 2006, justo antes de la aprobación de un plan que incrementó significativamente el número de viviendas permitidas en las parcelas.
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Martín explicó que el segundo pago fue financiado en parte por él mismo, con 7 millones de euros, mientras que otros acusados, como Amando Mayo y Manuel Salinas, contribuyeron con el resto. Martín también admitió que estos pagos se realizaron desde cuentas personales en Mónaco, sin afectar a Martinsa, y que no declaró estos fondos a Hacienda, lo que resultó en una defraudación fiscal que ya ha sido saldada.
Amando Mayo, otro de los acusados, corroboró la versión de Martín, afirmando que fue invitado a participar en el proyecto y que también gestionó pagos desde cuentas en Mónaco. Mayo ha liquidado su responsabilidad civil, pagando más de 2.7 millones de euros en impuestos y multas.
El empresario José Ramón Blanco Balín, considerado uno de los cerebros financieros de la trama, también reconoció su participación en la adjudicación a Martinsa, recibiendo una comisión de 130,000 euros por su intermediación.
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El juicio continuará el próximo 10 de marzo con la presentación de pruebas, seguidas de las conclusiones y los informes finales de las partes involucradas. De los 21 acusados iniciales, solo 19 permanecen en el banquillo tras el fallecimiento de dos de ellos. La mayoría ha reconocido su participación en los hechos, con la excepción de Luis Bremond, quien ha decidido no llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Las confesiones han llevado a la Fiscalía a considerar una reducción en las penas solicitadas inicialmente, que incluían hasta 29 años de prisión para Francisco Correa y otras penas significativas para los demás implicados. El desenlace de este juicio podría marcar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en España.
