La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado la inhabilitación de Rafael Louzán, actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por un delito de prevaricación. Louzán, quien asumió el cargo en diciembre tras su paso por la Federación Gallega, ya cuenta con una condena firme de siete años de inhabilitación dictada por el Tribunal Supremo cuando presidía la Diputación de Pontevedra con el Partido Popular.
Este martes, el Ministerio Público ha solicitado a la Sala de lo Penal que ratifique la sentencia, argumentando que «constan todos los elementos nucleares y periféricos del delito de prevaricación». El caso está relacionado con la construcción de un campo de fútbol en el Concello de Moraña, donde la Fiscalía sostiene que ya había una empresa encargada de las obras, en parte ya ejecutadas, y que Louzán «simuló un procedimiento legal» para justificar un segundo contrato por valor de 86.000 euros, con la supuesta participación ficticia de terceras empresas.
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En una reciente entrevista concedida a ElDesmarque, Louzán se mostró «tranquilo» respecto a la posibilidad de ser inhabilitado. «Me siento muy bien, muy tranquilo, confío en la justicia», aseguró. Aunque podría ser relegado de su cargo, insistió en que sigue enfocado en gestionar el fútbol español y aportar estabilidad a la RFEF. «Mi objetivo es lograr la paz y armonía en el fútbol, y de momento lo estamos consiguiendo», afirmó.
A pesar de la investigación en curso y de los señalamientos de la Fiscalía, Louzán defiende su gestión al frente de la RFEF, asegurando que está trabajando para fortalecer la institución y garantizar su estabilidad. No obstante, el Tribunal Supremo deberá decidir sobre su futuro en los próximos meses.
