El Ministerio Público reclama además siete años de libertad vigilada y una indemnización de 64.000 euros para la víctima por los hechos ocurridos el pasado verano.
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El horizonte judicial del futbolista Rafa Mir, actualmente en las filas del Elche CF, se ensombrece tras la petición formal de penas por parte de la Fiscalía. El Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación solicitando una condena de 10 años y seis meses de cárcel para el delantero murciano, a quien considera autor de un delito de agresión sexual agravada.
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Los hechos, que se remontan a la madrugada del pasado 1 de septiembre, han derivado en una de las peticiones de pena más elevadas para un futbolista profesional en activo en España bajo el marco de la actual legislación.
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Medidas de control e indemnizaciones
Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía ha solicitado medidas adicionales para garantizar la protección de la víctima y la reinserción controlada del deportista:
- Libertad vigilada: Una vez cumplida la condena de prisión, se piden siete años de control judicial.
- Responsabilidad civil: El Ministerio Público exige que Mir indemnice a la víctima con 64.000 euros en concepto de daños morales y lesiones.
- Órdenes de alejamiento: Se espera que la petición incluya la prohibición de comunicación y aproximación a la denunciante por un periodo superior a la pena de cárcel.
El contexto del caso
El futbolista, cedido por el Sevilla FC al Elche, fue detenido tras una denuncia interpuesta por dos mujeres que acudieron al domicilio del jugador tras una noche en una discoteca de Valencia. Mientras que el otro investigado en la causa (un amigo del futbolista) enfrenta cargos por un presunto delito de abusos, la acusación sobre Mir se ha mantenido en el grado de agresión debido a la gravedad de los hechos relatados por la denunciante principal.
Desde que estalló el caso, el entorno del jugador ha mantenido su inocencia, alegando que las relaciones fueron consentidas. Sin embargo, tras la fase de instrucción, la Fiscalía considera que existen indicios suficientes de violencia o intimidación para elevar la petición a los 10 años y medio mencionados.
