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Hace apenas dos días, el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, daba a conocer los pormenores de la Operación Paso del Estrecho (OPE) para este año. Dispositivo que se adelanta al 13 de junio y que contará con un 6% más de policías y guardias civiles respecto a 2023. Un refuerzo de 689 agentes, que se unirán a los efectivos de Tráfico y Protección Civil. Sin embargo, este aumento de recursos tiene trampa, ya que «los funcionarios designados para ocupar alguna de las plazas ofertadas en atribución temporal de funciones percibirán las retribuciones por su puesto y habilitación de origen». O lo que es lo mismo, que no recibirán dieta alguna pese al cambio temporal de destino.
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Así consta en el plan elaborado por Interior y la Dirección General de la Policía en el que se especifica que la atribución temporal de funciones a los agentes no conlleva la «percepción de indemnización alguna». Desde el sindicato policial JUPOL denuncian que el hecho de derivar policías a una población distinta de su destino sin incluir las dietas pertinentes para su alojamiento y manutención es «una nueva falta de respeto hacia los agentes«, que nuevamente «son utilizados» por el Ejecutivo.
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Porque, a su juicio, resulta incomprensible que los agentes destinados a la OPE tengan que «pagar de sus bolsillos unas dietas y atribuciones que deberían ser sufragadas por el Ministerio del Interior». Y si bien el aumento de efectivos es una buena noticia, sigue siendo una cifra insuficiente para cubrir la gran carga de trabajo y mantener unas condiciones dignas de trabajo, argumentan.
Alojamiento, manutención, uso de vehículo particular, combustible…. las dietas de los agentes son las mismas desde 2005, el importe de las mismas no ha sufrido variación alguna. Una situación que se vuelve insostenible, si nos atenemos al actual y elevado coste de la vida. En concreto, hasta un 212% más. Esa es la diferencia entre lo que cuesta de media una habitación de hotel (153 euros en agosto) y lo que tiene un policía para pagar ese alojamiento en un desplazamiento oficial (48,92 euros). Y la dieta por manutención tampoco es mucho mejor: 28,21 euros diarios en concepto de desayuno, comida y cena.
Desde este sindicato señalan que derivar policías a una población distinta a la que residen supone «un problema económico» para los mismos, ya que incluso pagándoles dietas, los agentes tienen que poner dinero de su bolsillo. Y en este punto, hay que subrayar que los sindicatos llevan años exigiendo una revisión de la cuantía de estas dietas.
El artículo 11 de ese Real Decreto sí ampara elevar el importe de las dietas en algunas épocas del año, más si cabe ante el aumento de los precios de alojamiento en hoteles. Desde la CEP apuntan que esto ya se hizo y «permitió que los policías no sufrieran penurias por hacer su trabajo durante siete años». Es más, señalan que la CECIR, organismo que aprueba esas medidas, acordó en 2010 que los ministerios pudieran proponer este aumento de dietas de alojamiento por «razones excepcionales».
Finalmente, desde este sindicato dejan claro que no sólo se trata de la «operación verano», la negativa a actualizar estas dietas afecta a todos los viajes de las UIP, UPR, CGI, CGEF, CGPJ, UAI o cualquier otra Unidad. «Interior tiene que dejar de mirar para otro lado en este tema y tomar medidas ya. Menos sacar pecho con nuestro trabajo y más respaldo real», denuncian.
