El gobierno iraquí ha vuelto a presentar en el Parlamento dos proyectos de ley que, de aprobarse, restringirían gravemente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica de la población iraquí, según han declarado hoy Amnistía Internacional y la Fundación INSM para los Derechos Digitales en Irak.
La nueva presentación de estos proyectos de ley coincide con una avalancha de encausamientos de personas críticas con figuras gubernamentales, así como con una campaña emprendida por el ministro del Interior para reprimir el “contenido indecente” en Internet. Entre enero y junio de este año, las autoridades procesaron al menos a 20 personas por el ejercicio pacífico de su derecho humano a la libertad de expresión. Seis de ellas fueron condenadas a penas de prisión, pero ya han sido puestas en libertad.
“El último intento de las autoridades iraquíes de reprimir la libertad de expresión revela su flagrante desprecio por los extraordinarios sacrificios realizados por la población iraquí durante el levantamiento de 2019 para garantizar sus libertades. El gobierno iraquí debe retirar inmediatamente estos proyectos de ley represivos y el Parlamento no debe aprobar ninguna ley que restrinja indebidamente los derechos humanos en Irak”, afirmó Bissan Fakih, responsable regional de campañas de Amnistía Internacional para Irak y Yemen.
“La población iraquí tiene derecho a criticar a sus dirigentes y figuras religiosas, y a protestar pacíficamente sin temor a ser encarcelada o a que le impongan fuertes multas. Estos derechos son especialmente importantes en un momento en el que la población intenta que sus representantes gubernamentales rindan cuentas por las denuncias de corrupción sistémica y violaciones de derechos humanos.”
La proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Reunión Pacífica da a las autoridades iraquíes la cobertura de una ley aprobada democráticamente para enjuiciar arbitrariamente a cualquier persona que atente contra “la moral pública” o “el orden público”. En virtud del proyecto de Ley sobre Ciberdelitos, quienes publiquen en Internet contenidos que se considere que atentan contra los “intereses económicos, políticos, militares o de seguridad supremos del país”, definidos de forma imprecisa, podrían ser condenados a cadena perpetua y a una multa de hasta 50 millones de dinares iraquíes (unos 38.000 dólares estadounidenses).
En reuniones con Amnistía Internacional en Bagdad en mayo, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas se mostraron alarmados ante la posibilidad de que los proyectos de ley facultaran a las autoridades para reprimir aún más la disidencia pacífica. Las reformas propuestas causan honda preocupación debido a la reciente oleada de procesamientos por delitos contra la libertad de expresión.
El periodista Haidar al Hamdani está siendo juzgado en virtud de una querella por difamación presentada contra él por el gobernador de Basora, a quien Al Hamdani había acusado de corrupción en un vídeo publicado en Facebook, donde tiene más de un millón de seguidores.
Un cómico iraquí procesado por un tribunal iraquí durante la campaña contra el “contenido indecente” contó a Amnistía Internacional: “Ya no puedo burlarme de un partido, ni del Estado, ni de un personaje público… ni del estado de las carreteras, el agua, las escuelas o los puentes. ¿Por qué? Porque todo pertenece a los partidos [políticos]”.
Restricción de la libertad de expresión y de reunión pacífica
El 9 de mayo de 2023, el Parlamento realizó la segunda lectura del proyecto de Ley de Libertad d Expresión y Reunión Pacífica y Mohammed al Halbousi, presidente del Parlamento, puede convocar una votación general de la ley en cualquier momento.
Los legisladores están debatiendo en privado las enmiendas a ambos proyectos de ley, según personas que han participado en los debates y han visto la nueva redacción propuesta en los borradores. Sin embargo, estas enmiendas no se han hecho públicas, y no está claro si los borradores se darán a conocer a la ciudadanía antes de una posible votación.
Hayder Hamzoz, director ejecutivo de INSM, afirmó: “Es inaceptable que en Irak se sufra aún una falta de acceso a la información sobre los proyectos de ley que examina el Parlamento. El acceso a la información es un derecho humano intrínseco y es una de las claves del Estado de Derecho para empoderar a la ciudadanía y permitirle participar de manera efectiva en la vida política y en la lucha contra la corrupción”.
El proyecto de ley prohíbe “insultar a las religiones, autoridades religiosas, sectas”, así como a quienes “menoscaben” figuras o símbolos religiosos. Quienes sean sorprendidos cometiendo este “delito” se enfrentan a penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 10 millones de dinares iraquíes (7.600 dólares estadounidenses).
Dado que las figuras religiosas desempeñan un papel destacado en los principales partidos políticos iraquíes, prohibir las críticas contra ellas limitaría gravemente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), cuando un Estado Parte impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, éstas no pueden poner en peligro el propio derecho. La relación entre derecho y restricción y entre norma y excepción no debe invertirse.
El proyecto de ley también permite a las autoridades prohibir las reuniones públicas a menos que se obtenga su permiso previo con al menos cinco días de antelación. No especifica los criterios que aplicarían las autoridades iraquíes para aprobar o prohibir las protestas, lo que en la práctica les otorga el poder de prohibir todas las protestas.
En su interpretación autorizada del artículo 21 del PIDCP sobre la libertad de reunión, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recalcado en su Observación general núm. 37 que “los regímenes de autorización […] socava[n] la idea de que la reunión pacífica es un derecho fundamental. […] Si persisten los regímenes de autorización […], deben equivaler en la práctica a un sistema de notificación en el que la autorización se conceda de oficio, a no ser que haya razones imperiosas para denegarla”.
En Iraq, los organismos de seguridad ya reprimen a quienes se manifiestan, y este riesgo aumenta cada vez que las autoridades consideran que una protesta es “no autorizada”, ya que recurren regularmente al uso de la fuerza para dispersarla. Amnistía Internacional ha documentado anteriormente cómo durante las protestas antigubernamentales a escala nacional de 2019 al menos 600 manifestantes perdieron la vida y miles más resultaron heridos después de que las fuerzas de seguridad recurrieran al uso de fuerza letal.
Vigilancia policial de la libertad de expresión online
El Gobierno volvió a presentar al Parlamento el proyecto de Ley de Ciberdelitos en noviembre de 2022. Según la ley propuesta, de redacción imprecisa, toda persona declarada culpable de “exacerbar tensiones o luchas sectarias” o de “socavar la independencia, unidad y seguridad del país, o sus intereses económicos, políticos, militares o de seguridad supremos” podría ser condenada a cadena perpetua y al pago de una multa de hasta 50 millones de dinares iraquíes (unos 38.000 dólares estadounidenses).
“En abril de 2023, el gobierno iraquí reafirmó su promesa a Amnistía Internacional de defender y proteger el derecho a la libertad de expresión, pero sus acciones en el Parlamento no se corresponden con sus palabras”, manifestó Bissan Fakih, responsable regional de campañas de Amnistía Internacional.
