El día 28 de septiembre, conocido por el impacto de la dana en Valencia, se reveló que la Delegación del Gobierno ya había considerado la posibilidad de enviar una alerta a la población a las 18:35 horas. Este dato fue confirmado por la jefa del servicio de coordinación del 112 en la Comunidad Valenciana, Patricia García, durante su declaración ante la jueza de Catarroja.
García indicó que a la hora mencionada ya había un mensaje preparado para ser enviado a los móviles, alertando sobre la inminente llegada de inundaciones. Sin embargo, a pesar de que se tomaron medidas, el envío del mensaje masivo no se realizó hasta las 20:11, dejando a muchos ciudadanos desinformados en un momento crítico.
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Las comunicaciones internas entre el equipo de emergencias fueron evidenciadas a través de mensajes de Whatsapp, mostrando cómo la responsable de Protección Civil, Patricia García, habló sobre el envío de la alerta con la jefa de Servicio del Centro de Emergencias de la Generalitat, Inmaculada Avilés, media hora antes del fatal suceso.
Esta situación ha dejado al descubierto no solo un posible error en la gestión de la crisis, sino también una falta de agilidad en la adopción de medidas que podrían haber salvado vidas. La magistrada a cargo del caso ha calificado la tardanza en el envío de la alerta como «tardío» y «erróneo», enfatizando el «insoportable retraso en las alertas a la población» durante la emergencia.
Según la información recabada, en una reunión del Cecopi a las 17:00, tres horas antes del envío del mensaje de Es-Alert, ya se estaba evaluando la necesidad de emitir una alerta. Jorge Suárez, el subdirector general de Emergencias, mencionó que podían mandar un mensaje a todos los móviles en la zona afectada, lo que indica que la capacidad para actuar estaba presente, pero no se ejecutó a tiempo.
La gestión de emergencias en situaciones críticas exige una respuesta rápida y efectiva. En este caso, la falta de comunicación y acción rápida ha sido objeto de críticas tanto dentro del entorno judicial como por parte de la ciudadanía, que espera respuestas y explicaciones claras sobre lo sucedido durante la dana que costó vidas.
Próximamente, se espera la comparecencia de distintos responsables en el Congreso para abordar estos temas críticos. El presidente de la Diputación Valenciana, Vicente Mompó, y la vicepresidenta Susana Camarero son algunos de los que deberán rendir cuentas sobre la gestión de la crisis.
Es imperativo que se tomen lecciones de eventos trágicos como este para mejorar los protocolos de alerta y comunicación de riesgos, garantizando así que en el futuro se proteja a la ciudadanía de forma efectiva y oportuna ante situaciones de riesgo.
