La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso— y avala que sea juzgado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental vinculados a un presunto entramado de facturas falsas entre 2020 y 2021 por más de 350.000 euros. La resolución deja a González Amador a un paso del banquillo.
El tribunal provincial confirma el auto de procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid y rechaza los argumentos de la defensa, que alegaba vulneración de derechos y la práctica de diligencias adicionales. Con este pronunciamiento, la causa principal queda lista para apertura de juicio oral cuando lo soliciten las acusaciones y se cumplan los trámites procesales restantes.
Según las investigaciones, la Agencia Tributaria detectó indicios de defraudación tributaria por importe de 350.910/350.951 euros en el Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, mediante el uso de facturas presuntamente falsas y sociedades vinculadas para deducir gastos improcedentes y trasladar bases imponibles. La Audiencia respalda que estos hechos —en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil— se enjuicien.
El caso afecta de lleno a la empresa Maxwell Cremona —propiedad del investigado— y a operaciones facturadas, entre otras, a Quirón Prevención, así como a la sociedad Masterman & Whitaker, con la que, según los indicios, se habría articulado parte del esquema para optimizar artificialmente la tributación. La resolución provincial considera que los hechos descritos por el juzgado instructor presentan relevancia penal suficiente para continuar el procedimiento.
En el plano punitivo, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía han venido interesando para González Amador una pena próxima a los 3 años y 9 meses de prisión, además de multas elevadas, a la espera de lo que finalmente se concrete en los escritos definitivos de acusación. El pago del importe defraudado, realizado durante la investigación, podría operar como atenuante si el tribunal estima su procedencia, extremo que se dilucidará en el juicio.
La defensa sostenía que se lesionaron derechos fundamentales a raíz de la difusión de comunicaciones y documentos ligados al expediente tributario —una pieza paralela que se dirime ante el Tribunal Supremo por la presunta filtración—, y pedía practicar nuevas diligencias. La Audiencia, sin embargo, avala la corrección del cierre de la instrucción y descarta que esas quejas impidan la continuación de la causa.
El procesamiento confirmado no implica condena, pero acerca el caso al juicio y obliga a las partes a fijar con precisión los hechos, pruebas y responsabilidades. En paralelo, el asunto mantiene una elevada repercusión pública por la condición de pareja de Ayuso del investigado, si bien la causa no señala a la presidenta madrileña como parte en el procedimiento.
