El abogado canario y activista, Daniel Arencibia, ha señalado que este es uno de los problemas que se deriva del hecho de que una comunidad autónoma esté soportando casi la totalidad de la presión migratoria del país. «A medida que siga llegando más gente en un territorio limitado, como es Canarias, se resentirán más el sistema y los Derechos Humanos, será más difícil atender, será más posible que haya brotes de xenofobia e incomodidad por parte de una población que no entiende por qué España ha dejado de contar con la solidaridad del Estado, que es lo que se extrae del discurso del Gobierno»
Las Islas Canarias siguen contemplando la llegada de más personas rescatadas en el mar. Tres rescates a a tres cayucos durante la noche de Reyes han concluido con el traslado de 125 personas al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. En 2020 la llegadas de por vía marítima a las Islas se dispararon en más de un 700%, registrando un total de 23.023 personas recibidas, según el Ministerio de Interior. En 2019 fueron 2.687. Aunque, ante esta presión migratoria que sufren las Islas -sobre todo Gran Canaria-, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó «solidaridad» al resto de comunidades autónomas, lo cierto es que la situación pone de manifiesto las deficiencias del sistema en el Estado español con respecto a la acogida, la atención y la salvaguarda de los derechos de las personas migrantes.
El modelo actual hace que las ciudades fronterizas de Ceuta y Melilla, diferentes puntos de la costa andaluza y Canarias sean territorios reguladores del flujo migratorio hacia el resto del país y esto, a su vez, lleva a que las mismas se conviertan en una suerte de «ciudades cárceles» para las personas migrantes. Un ejemplo de este concepto son los Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, que solo existen Ceuta y Melilla o la intención del Gobierno de crear «7.000 plazas estables» para personas migrantes en las Islas Canarias.
A la petición de «solidaridad» que hizo Sánchez los activistas canarios responden que ese principio no está siendo aplicado por el propio Ejecutivo Nacional. Uno de ellos es el abogado, Daniel Arencibia. «No hay ninguna imposición europea para que cada estado reparta, de la forma que entienda, a las personas que llegan de otros países. También la UE dice: ‘oigan, sigan aplicando las deportaciones’. Este es el principio de fuerza que trata manejar el Gobierno en este momento. Sin embargo, fiar la solución de la situación actual a las deportaciones es como salir y decirle a la población que se vacune. No hay vacuna, tendremos que buscar otra solución. No existen deportaciones efectivas que se puedan hacer porque la mayoría de los países africanos quieren cerrar sus fronteras por el covid. Esto es física, es sencillo, si la presión se acumula en un punto, no se pueden aplicar las deportaciones y no se reparte por distintos territorios; A medida que siga llegando más gente en un territorio limitado, como es Canarias, se resentirán más el sistema y los Derechos Humanos, será más difícil atender, será más posible que haya brotes de xenofobia e incomodidad por parte de una población que no entiende por qué España ha dejado de contar con la solidaridad del Estado, que es lo que se extrae del discurso del Gobierno», señalaba en declaraciones a EITB.
«Las llegadas en lo que va de año al Estado español no superan a las de hace dos años. Eso a lo que lleva es a que salten las costuras del sistema, sobre todo, en la parte de los Derechos Humanos. Lo que yo he visto dentro del muelle -de Arguineguín, en Gran Canaria- son personas tiradas en suelo, hacinadas, sin guardar distancia de seguridad, con la misma ropa durante días, sin poder ducharse y sin poder hacer una llamada a sus familiares para decirles que están vivos. Es decir, lo que describe, prácticamente, el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos como un quebrantamiento del Artículo 3 del Convenio de Derechos Humanos que prohíbe el trato degradante. Hay detenciones que superan las 72 horas, hay falta de asistencia letrada efectiva. La situación es caótica y lo es porque se ha concentrado demasiado en el tiempo y, sobre todo, en el espacio la presión migratoria que antes correspondía a todo el territorio español», denunciaba el abogado este 4 de enero.
En este sentido, cabe destacar que, al menos, once de las dieciséis comunidades autónomas restantes se han ofrecido para acoger. De hecho, el propio Arencibia ha dado a conocer la respuesta que ha recibido de la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, tras solicitar el número exacto de personas trasladas desde Canarias a la Península y el número de plazas de ayuda humanitaria disponibles en el territorio peninsular. En un documento adjunto a la carta, se detalla que varias comunidades autónomas de las que se han ofrecido a acoger a las personas llegadas a las islas, como el País Vasco, disponen de un amplio porcentaje de plazas disponibles.
Otra cuestión sobre la que se ha pronunciado el abogado en declaraciones a Radio Televisión Canaria y que guarda relación con Ceuta es el hecho de que las personas solicitantes de asilo no puedan moverse libremente por el territorio español. En este sentido, la denuncia de Arencibia no solo es la misma que hacían decenas de residentes del CETI de Ceuta este verano, sino que comienza formulándola con la misma duda: «¿Cuándo se pone el pie en Canarias, la personas están en España o no están en España?».
El hecho de que las leyes se apliquen de forma desigual en los enclaves fronterizos del Estado convierte a los mismos en «territorios de segunda clase» con respecto al resto del país y de la UE. A esto, Arencibia ha añadido que la forma de pronunciarse sobre Canarias por parte del Gobierno de la Nación, señalando que no puede convertirse un puente para que las personas migrantes lleguen a Europa, «deja muy claro cuál es la concepción que desde el Estado se tiene de Canarias que es: no somos Europa, no somos España«. Una sensación menosprecio que no es ajena a las ciudades de Ceuta y Melilla.
