El nuevo paquete de ayudas sociales aprobado por el Gobierno —con el respaldo de Bildu— pretende extender medidas como la prohibición de desahucios, el mantenimiento de suministros o la revalorización de pensiones. Pero su coste previsto —alrededor de 7.900 millones de euros— ha provocado críticas por el enorme impacto que tendrá sobre las cuentas públicas.
El último Consejo de Ministros del año dio luz verde a un ambicioso paquete social que incluye medidas de urgencia para proteger a familias vulnerables: revalorización de pensiones, prórroga de la prohibición de desahucios, mantenimiento del bono social eléctrico, ayudas al transporte público, y ampliación de subsidios para afectados por catástrofes, entre otros.
El acuerdo, que ha sido negociado con EH Bildu, tiene como objetivo prolongar en 2026 las políticas sociales iniciadas en ejercicios anteriores. Pese a su intención social, los cálculos apuntan a que este “Escudo Social” generará un agujero de al menos 7.900 millones de euros en el déficit público, si no se acompaña de nuevas medidas de ingresos.
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La parte más relevante del coste corresponde a la subida de las pensiones contributivas, mínimas y de viudedad, así como a la garantía del bono social eléctrico para familias vulnerables. Además, el mantenimiento de la prohibición de desahucios y cortes de suministros esenciales también representa un gasto considerable.
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Por otra parte, el paquete incluye ayudas agrarias, subsidios para damnificados por desastres, prórroga de incentivos al transporte público y ciertas exenciones fiscales. Todo ello amplía el alcance del gasto social del Estado en un contexto económico ya marcado por la elevada inflación, la deuda pública y los compromisos presupuestarios con la Unión Europea.
Las voces críticas: responsabilidad fiscal vs. protección social
Desde la oposición y algunos economistas alertan de que un déficit adicional de esta magnitud podría comprometer la estabilidad económica del país, incrementar la deuda pública y generar tensiones con los mercados. Para ellos, este tipo de medidas requieren ingresos nuevos —no sólo gasto— para no hipotecar el futuro.
En cambio, defensores del acuerdo alegan que el “Escudo Social” responde a una necesidad real: proteger a las familias más vulnerables ante un contexto económico adverso. Para ellos, el coste social justifica la carga presupuestaria.
Un dilema entre solidaridad y sostenibilidad
El pacto del Gobierno con Bildu para extender el “Escudo Social” supone un gesto formidable de protección social. Pero su elevado coste —7.900 millones de euros— plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal. El reto ahora está en equilibrar justicia social y responsabilidad económica sin comprometer el futuro financiero del país.
