Por primera vez, las trabajadoras domésticas podrán exigir a sus empleadores que evaluén los posibles riesgos en su lugar de trabajo: domicilios particulares, bajo la nueva normativa de prevención laboral.
El colectivo de las empleadas del hogar —un sector abrumadoramente feminizado, con jornadas largas y salarios bajos— ha dado un paso relevante hacia la normalización de sus derechos laborales. Según los datos oficiales, hay 378.000 afiliadas a la Seguridad Social en este régimen especial.
Desde el último viernes, los empleadores están obligados a realizar una evaluación de riesgos laborales del domicilio donde trabaja la persona asalariada, así como a informar a la empleada sobre los peligros identificados y las medidas preventivas adoptadas.
Para facilitar el trámite, se ha habilitado la plataforma gratuita prevencion10.es, donde el empleador puede rellenar un cuestionario online y generar un archivo PDF con la evaluación. Este documento no debe entregarse a la administración, pero sí conservarse y entregarse a la empleada.
El procedimiento es sencillo: en primer lugar se identifican el domicilio y el empleador; a continuación, se describen las tareas de la trabajadora del hogar; luego se responde un conjunto de preguntas tipo “sí/no” sobre condiciones del lugar, materiales, posturas, etc.; finalmente se genera el PDF.
El incumplimiento de esta obligación puede considerarse infracción grave y suponer sanciones de hasta 49.180 euros en los casos más extremos. En los incumplimientos sin agravantes, la multa máxima sería de 2.450 euros.
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No obstante, algunos aspectos quedan aún en desarrollo. El ministerio reconoce que no ha cumplido los plazos para lanzar una “plataforma formativa” para las trabajadoras del hogar, ni para publicar un “protocolo contra el acoso” ni una “guía técnica de prevención”, que estaban previstos para este año.
Sindicalistas de UGT y Comisiones Obreras han valorado positivamente el nuevo derecho, aunque también critican los retrasos del ministerio. Un punto que preocupaba: que la Inspección de Trabajo adopte un enfoque excesivamente punitivo, siendo este el primer día de vigencia.
También se advierte que el nuevo derecho sólo beneficia a las empleadas del hogar dadas de alta en la Seguridad Social. En España hay una diferencia entre las afiliadas (378.000) y las ocupadas estimadas (unos 539.000), lo que sugiere que muchas trabajadoras podrían quedar fuera de ese amparo.
Esta nueva medida representa un avance significativo en la equiparación de derechos, pues hasta ahora las trabajadoras del hogar no contaban con esa evaluación de riesgos como el resto de sectores. Pero al mismo tiempo plantea el reto de cómo hacerla efectiva en domicilios privados, con empleadores particulares y una situación estructural de precariedad.
