La opción que se hurtó votar en el referéndum al que se llevó a la plantilla de Brigadas verdes era la elegida por la inmensa mayoría de las trabajadoras/es, pasar a cualquiera de las empresas municipales, y ahora es la que está encima de la mesa tras la renuncia de la FPAV a suscribir una prórroga a la baja de este servicio municipal.
La FPAV con la nota emitida en el día de ayer desentendiéndose de las 134 familias de Brigadas Verdes viene a dar la razón a CGT, pese a que en su día se opuso en el juzgado a reconocer la cesión ilegal de trabajadores/as que planteamos y ahora, cuando desde la Ciudad se recortan miles de euros a la Federación y a cambio están dispuestos a dar millones de euros a TRAGSA con el beneplácito de Sindicatos del sistema y de la mayoría del arco político ceutí, deja a trabajadores y trabajadoras en manos de su legítimo empleador, el Ayuntamiento de Ceuta.
Para CGT siempre estuvo claro que las Brigadas Verdes son parte directa del empleo público de la ciudad, aunque maltratado y discriminado respecto a otras empresas municipales y así lo hemos defendido y denunciado reiteradamente como se puede comprobar por las hemerotecas.
La ciudad deberá absorber a la plantilla de Brigadas Verdes desde el 1 de enero próximo y situarla en OBIMASA, OBIMACE, AMGEVICESA… y debe darse prisa en decidir a qué tajo envían a las trabajadoras y trabajadores desde el próximo domingo, después de todo lo acontecido a nadie se le escapa ya que quien paga y lo ha hecho siempre, aunque a través de la FPAV como empresa interpuesta, es el Ayuntamiento de Ceuta con la aportación presupuestaria de dinero público, que se ha usado en algunos ejercicios de un modo opaco y generado no pocos asuntos judiciales volviendo a remitir a las hemerotecas.
Aquellas organizaciones y partidos que apostaron por TRAGSA, por no se sabe qué intereses particulares, fueron derrotados por la plantilla de Brigadas Verdes enviando un mensaje claro para trabajar en una de las empresas públicas propiedad del Consistorio, pese a que esa opción no se sometió a votación conocedor el comité de que era la elegida y ahora tras las maniobras presupuestarias de la ciudad y el fin del negocio para la FPAV, con su renuncia pública, el escenario legal no es otro que la legítima empleadora, Ciudad Autónoma de Ceuta, es quien debe hacerse cargo directamente de la sufrida plantilla y dar estabilidad laboral garantizando el futuro de las 134 familias que dependen de los salarios de las Brigadas Verdes.
Como el propio ayuntamiento ha calculado, con tres millones de euros puede gestionar las Brigadas Verdes y desde CGT no nos negamos a que se mejoren sus condiciones sociolaborales y económicas hasta los 4,6 millones que querían dar a TRAGSA pero dentro de una empresa municipal.
Los derrotados por la plantilla solo tienen una opción y no valen inventos, traiciones ni hacer de asustaviejas como vienen haciendo, no caben más propuestas, la solución es que el Ayuntamiento de Ceuta, como legítimo empleador que ha sido siempre, acoja sin dilaciones en su seno a las Brigadas Verdes a través de una de las empresas municipales. CGT seguirá estando frente a quienes defiendan otra cosa con todos los medios legales a su alcance.
