La Agrupación Reformista de Policías desea manifestar públicamente que el comunicado emitido por esta organización, reformista y progresista que actúa en defensa de los derechos laborales y económicos de los funcionarios del CPN, ha recibido y sigue recibiendo miles de felicitaciones de apoyo y afecto, de muy diversas procedencias: ciudadanos anónimos y conocidos, medios de comunicación, empresarios, trabajadores en paro, compañeros del CPN, de la Guardia Civil, Policías Locales, Autonómicos y otros colectivos sociales y sindicales ajenos al CPN, identificados con la libertad, la tolerancia y el respeto en nuestro modelo de Estado Social y Democrático de Derecho. A todos ellos, ¡gracias!
Son tiempos difíciles por la Pandemia del Covid-19 y por situaciones no deseadas que afectan al conjunto de la sociedad, que indudable y desgraciadamente está siendo utilizada por las distintas fuerzas políticas de muy distintas maneras, sin tener en cuenta en algunos casos el menoscabo que ello supone para la imagen de nuestra nación y de todos los que formamos parte de los servicios públicos, como servicios esenciales.
Este sindicato, en su derecho y obligación como organización independiente, sin ningún tipo de relación o interés político, y en el marco de la libertad de expresión, ha querido dirigirse al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, y al Ministerio del Interior, para expresar su deseo de que cesen los acosos, sin importar cuál sea la adscripción política de quienes los sufren, por mucho que en el caso más grave y reciente se trate de dos miembros del Gobierno actual y su familia, Sres. Iglesias y Montero. La postura de ARP, y el comunicado de ayer, no variarían un ápice si las víctimas de tales conductas, contrarias al art. 10 de la Constitución Española, fuesen cualesquiera otros ciudadanos.
Solicitamos a las distintas formaciones políticas y a sus dirigentes, que representan en el parlamento español al conjunto de la ciudadanía, así como a los cuantos cargos están presentes en las distintas Administraciones de cualquier ámbito territorial, que asuman un compromiso inquebrantable en defensa de de la libertad y la tolerancia, garantizando:
La dignidad de las personas, los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás, como fundamento del orden político y de la paz social.
La convivencia democrática y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
La protección de todos los españoles y pueblos del país, en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
La promoción del progreso social, económico y cultural, para asegurar a todos una digna calidad de vida.
El respeto a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a otras policías y, a su vez, la exigencia de la neutralidad política de sus miembros en el ejercicio de sus actividades profesionales, tanto al conjunto de los ciudadanos como a los cargos políticos elegidos democráticamente, bajo los preceptos de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y los principios básicos de actuación, a todo funcionario dependiente del Gobierno de la Nación y de las distintas Administraciones, según sus propios estatutos.
