El Colegio de Abogados aborda la polémica por un formulario del triaje en el CATE que les atribuye responsabilidades jurídicas e indemnizatorias que competen a la Ciudad Autónoma.
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CEUTA. — Letrados del turno de oficio encargados de asistir a los menores extranjeros no acompañados (MENA) que llegan a Ceuta han expresado su indignación tras detectar que el formulario de triaje elaborado por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior los registra como «tutores legales». La inclusión de sus nombres, apellidos y documentos de identidad en dicho apartado les adjudica de forma irregular una figura legal que requiere de una resolución judicial explícita y que, en la ciudad autónoma, recae de manera exclusiva en las autoridades locales.
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El malestar se ha extendido entre los profesionales tras revisar en detalle el documento que firman al término de cada asistencia en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Tarajal. Según denuncian los afectados, esta catalogación supone una «aberración» organizativa con la que se pretende eludir responsabilidades institucionales ante el desbordamiento asistencial.
Errores de redacción, faltas al reglamento europeo y riesgo económico
El documento empleado en Ceuta deriva del desarrollo del Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde junio de 2026 para regular el triaje fronterizo común en un margen de 72 horas. Sin embargo, los abogados señalan graves anomalías en la adaptación del cuestionario:
- Inconsistencia normativa: La directiva comunitaria exige recabar datos biométricos, vulnerabilidad o antecedentes de residencia, pero en ningún momento contempla la designación de un «tutor legal» durante el triaje, un apartado que la Administración española ha introducido para encasillar la firma del abogado.
- Confusión conceptual: El texto define al letrado como «representante profesional» distinguiéndolo de la figura de «asesor jurídico», atribuyéndole funciones que no le corresponden legal ni profesionalmente.
- Riesgo de responsabilidad civil: Los juristas muestran su alarma ante la posibilidad de que se les exija responder con su propio patrimonio por los posibles daños materiales o corporales que los menores puedan causar durante su estancia, indemnizaciones que históricamente ha asumido la Ciudad Autónoma como tutora institucional.
Crisis de acogida y convocatoria en el Colegio de Abogados
La controversia administrativa se enmarca en una coyuntura de fuerte presión migratoria. Tras los repuntes registrados durante el verano, el volumen de menores identificados ha tensionado la capacidad de los centros locales, manteniendo a cientos de niños en situación de deambulamiento por las calles de la ciudad a la espera de filiación o traslado.
Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Ceuta ha convocado una reunión extraordinaria para unificar criterios. Varias de las partes afectadas han anunciado su intención de elevar protestas formales y rechazar la firma del cuestionario en sus términos actuales hasta que el Ministerio del Interior rectifique el borrador del formulario.
