El 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que este año llega a su 13ª edición, marcada por el fenómeno de la pandemia global que vivimos. La Confederación Sindical Internacional ha adoptado como lema para este año “Un nuevo Contrato Social para la recuperación y la resiliencia”, poniendo el acento en la necesidad de establecer un nuevo pacto social, similar al que se fraguó en 1919, tras el fin de la Primera Guerra Mundial y que dio lugar a la fundación de la OIT, con el objetivo de crear unas condiciones económicas y sociales que garantizaran prosperidad y paz.
Un siglo después, el mundo atraviesa otra gran crisis con efectos devastadores para la salud, los empleos y las condiciones de vida de millones de personas. Hasta el momento, se estima que la pandemia por COVID-19 ha ocasionado más de 1 millón de muertes y más de 35 millones de contagios en todo el mundo. En términos de empleos se ha traducido en una pérdida de más de 400 millones de puestos de trabajo. Y como en todas las crisis, los efectos se recrudecen sobre aquellos que estaban en una situación más vulnerable: debemos recordar que en el mundo el 60% del trabajo corresponde a economía informal, y dentro de la economía formal, el 40% del trabajo se realiza en condiciones de precariedad.
Por tanto, reivindicar el trabajo decente en el marco de esta pandemia cobra hoy más significado que nunca. Desde el PSOE coincidimos con el movimiento sindical en que esta crisis ha puesto de manifiesto, con toda su crudeza, los efectos de casi una década de un modelo económico y laboral que en España logró recuperar el crecimiento económico a costa de rebajar las condiciones laborales y salariales de muchos trabajadores. O dicho de otra manera, la crisis sanitaria hubiese tenido menos efectos laborales con unas condiciones de partida diferentes: con mejores salarios, con menos temporalidad y con un sistema de protección social más reforzado.
Desde el inicio de la pandemia el actual Gobierno ha tenido como prioridad proteger el empleo y garantizar unos ingresos suficientes a los trabajadores que vieron interrumpida de forma abrupta su actividad. La herramienta de los ERTEs se ha convertido en algo indispensable para lograr ese objetivo, y por ello debemos celebrar el acuerdo recientemente firmado en el marco del diálogo social para prorrogar esta figura hasta el 31 de enero de 2020.
Sin embargo, era necesario completar este sistema de protección, precisamente para aquellos que por diferentes circunstancias quedaban fuera del ámbito de alcance de esta figura. La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, entendida como un derecho subjetivo a una prestación económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica, ha supuesto un hito en nuestro sistema de protección social, y va en la dirección de garantizar la plena inclusión social y laboral, en línea con lo que se considera el trabajo decente.
La pandemia ha obligado a posponer la actividad normativa que el Gobierno tenía planificada, y que en el ámbito laboral iba en la línea de luchar contra la precariedad que la reforma laboral había introducido en nuestro mercado de trabajo. Medidas como la subida del SMI, el registro de la jornada de trabajo y la derogación del despido por baja médica así lo atestiguan. Sin embargo, la actual situación también ha conseguido que se regulen aspectos que estaban en un segundo plano y que la situación de confinamiento puso en lugar muy relevante, como el trabajo a distancia. El reciente Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia saca del vacío legal a esta modalidad de trabajo, fundamental sobre todo durante la etapa de confinamiento, y la sitúa en un lugar prioritario, equiparando derechos respecto de los trabajadores que desarrollan su actividad de forma presencial. Es otro logro del diálogo social del que debemos estar orgullosos.
Pero aún quedan muchos retos pendientes para avanzar hacia lo que la OIT considera como trabajo decente: la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores que prestan su servicio en las plataformas digitales, el fortalecimiento de la negociación colectiva, la lucha contra la brecha salarial y la reforma de algunos artículos del Estatuto de los Trabadores claves para luchar contra la precariedad laboral (subcontratación, actual prevalencia del convenio de empresa respecto al de sector, limitación de la causa en los contratos temporales) son aspectos fundamentales en los que hay que seguir avanzando. Todo ello sin olvidar el fortalecimiento de los servicios públicos, cuyo debilitamiento en los últimos años ha puesto en una situación límite a diversos colectivos de profesionales, absolutamente esenciales durante la pandemia.
Por todo ello, desde el PSOE llamamos a la movilización en esta jornada mundial por el trabajo decente, apoyando la consigna de que no habrá una recuperación justa si no se garantizan unas condiciones de trabajo dignas.
