Jesús García Gil, director general de Itelevesa, declaró ayer que la nueva estación de ITV mantendría los precios actuales y que lo importante no estaba en cuánto se paga, sino en la calidad del servicio. El MDyC critica estas palabras y asegura que a «los ceutíes sí les importa pagar un de un 40% a un 70% más que en Melilla»
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) critica las declaraciones del director general de Itelevesa, en las que sostenía que «lo más importante no es si vale 40 o 45 euros pasar una inspección si no dónde la pasas y cómo la pasas». El MDyC expone que el precio es de los más caros de España y más cara que en la ciudad hermana de Melilla «entre un «40% y el 70% dependiendo del tipo de vehículo».
Los de Fatima Hamed entienden que si Itelevesa cree que el precio no es una cuestión importante y se debe la insularidad de la ciudad, la empresa podría renunciar «a las ventajas fiscales y laborales que esa insularidad le ofrece para obtener una facturación cautiva de casi 1,5 millones de euros, por la que obtiene unos beneficios que debe rondar el 50% de ese volumen de negocio«.
Asimismo, el MDyC denuncia que Itelevesa «primero se comprometió a que en el mes de abril se abrirá esta nueva línea en el Puerto, pero la documentación presentada no incluye la legislación actualizada a la que debe someterse y hace referencia a leyes de la Comunidad Valenciana que no tienen validez en nuestra ciudad. Documentación que dice poco de la seriedad de la empresa que disfruta del monopolio de la ITV en nuestra ciudad desde el año 1995″.
MDyC acusa al Gobierno de ponerse del lado de Itelevesa y no revisar los precios de la ITV
También carga el partido contra el Gobierno de la Ciudad al que acusa de no haber tomado «ninguna medida para reducir los precios» y, por este motivo, el partido asegura que el Ejecutivo «se pliega a los intereses de la adjudicataria manteniendo las tarifas y aceptando una nueva línea de inspección que ni siquiera cumple con la legislación«.
Por último, el MDyC asegura que seguirá exigiendo «que se cumpla con el acuerdo del Pleno en el que se exigía el estudio de la estructura de costes del adjudicatario y la adaptación de las tarifas de la ITV para que pueda obtener un resultado positivo sin tener que soportar esos precios tan abusivos».
