El Ministerio de Defensa envió a la Audiencia Nacional una versión descafeinada del documento que omitía que Inteligencia avisó a Moncloa de la avalancha y que Marruecos no actuó pese a conocer los preparativos.
Operación de protección política en vísperas del arranque de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. El Ministerio de Defensa entregó este miércoles a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón una versión severamente censurada de un nuevo informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) referente a la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta. Según han confirmado fuentes jurídicas, el departamento que dirige Margarita Robles eliminó del expediente la información clasificada que certificaba que los servicios de inteligencia alertaron al Gobierno de Pedro Sánchez del riesgo inminente de avalancha horas antes de que se desencadenara, así como que las autoridades marroquíes fueron advertidas del aluvión de personas sin que hicieran nada por impedirlo.
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La remisión de este documento recortado al Juzgado Central de Instrucción número 3 se produjo en torno a las 15:00 horas. El texto enviado omitía los datos más comprometedores para el Ejecutivo en funciones y se limitaba a reproducir la información genérica desclasificada por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre. Apenas unas horas después de ejecutarse la maniobra en la Audiencia Nacional, la dirección del PSOE anunció de forma sorpresiva que Margarita Robles ocupará el segundo puesto de la lista socialista por la Comunidad de Madrid para el 29-N, escoltando directamente a Pedro Sánchez. La designación causó estupefacción en los ambientes políticos, toda vez que se daba por amortizada la continuidad de Robles e incluso se especuló con su salida del Gabinete durante el pasado verano tras sus sonados desacuerdos con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a cuenta de la gestión en Ceuta y la severidad de sus críticas hacia Rabat.
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El informe omitido: avisos previos e inacción deliberada de Rabat
La instructora del procedimiento, la magistrada María Tardón, había requerido formalmente al CNI que identificase a los grupos o instituciones con capacidad para planificar la movilización migratoria hacia Ceuta. La investigación buscaba determinar los vínculos entre los dinamizadores digitales en redes sociales, las estructuras coordinadoras a pie de espigón y las instancias superiores, además de exigir análisis de reconocimiento facial de los supuestos gendarmes marroquíes que facilitaron el paso masivo según los atestados policiales del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).
Sin embargo, la versión remitida por el Ministerio de Defensa fue vaciada de las revelaciones procedentes de escuchas, confidentes y análisis de campo de los servicios de inteligencia. En el informe original previo a la tijera ministerial, el CNI probaba de forma taxativa dos extremos negados por Moncloa:
1. Aviso a Moncloa: La Inteligencia española adelantó al Ejecutivo de Sánchez con horas de antelación que se estaba gestando un cruce masivo en la frontera ceutí.
2. Pasividad de Marruecos: Las autoridades de Rabat tenían pleno conocimiento de los preparativos de la multitud para irrumpir en el espigón, pero permitieron deliberadamente la desestabilización fronteriza.
Para evitar que estos datos comprometedores salieran a la luz en plena precampaña, Robles evitó llevar el documento al Consejo de Ministros para solicitar su desclasificación formal y optó por confeccionar un borrador fundamentado en fuentes abiertas.
El aval de Sánchez y la vía para forzar la desclasificación
Inmediatamente después de confirmarse la inclusión de Robles en el segundo puesto de la candidatura por Madrid a solo 44 días de los comicios, Pedro Sánchez elogió públicamente a la titular de Defensa. El presidente del Gobierno en funciones presumió de la «profunda amistad» que les une tras una década compartiendo «momentos difíciles» y calificó de «extraordinaria» su labor al frente del departamento, zanjando así meses de distanciamiento explícito.
No obstante, la controversia judicial dista de estar cerrada. Para acceder a la información que el Ministerio de Defensa ha decidido mantener bajo secreto, la jueza Tardón tiene la potestad de dirigir un requerimiento formal de desclasificación directamente al Consejo de Ministros. Sin embargo, este trámite administrativo requiere la deliberación de Moncloa, lo que dilatará los plazos procesales hasta rebasar la fecha de las elecciones generales del 29 de noviembre, blindando temporalmente el relato oficial del Ejecutivo ante el electorado.
