El eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, ha salido al paso de las acusaciones que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado al Tribunal Supremo, donde solicita que se le investigue por un supuesto delito de financiación ilegal relacionado con su campaña para las elecciones europeas. Pérez ha calificado estas acusaciones como «infundadas» y una muestra más de la «persecución política» de la que asegura ser objeto.
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Un informe basado en declaraciones cuestionables
La base de las acusaciones proviene de Álvaro Romillo, un empresario del sector de las criptomonedas cuya plataforma de inversiones, Madeira Investment Club, colapsó recientemente dejando a cientos de inversores afectados. Según Romillo, Alvise habría recibido 100.000 euros en efectivo pocos días antes de iniciar su campaña. Sin embargo, el eurodiputado asegura que ese dinero corresponde a un trabajo profesional como autónomo, desligado completamente de su actividad política.
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La defensa de Pérez ha señalado que las declaraciones de Romillo carecen de credibilidad debido a su situación judicial, subrayando que el empresario enfrenta procesos legales derivados de la quiebra de su empresa. «No es la primera vez que vemos a alguien en apuros judiciales intentando desviar la atención para salvarse», declaró un portavoz cercano al eurodiputado.
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Un historial de intentos de difamación
Pérez sostiene que esta no es la primera vez que intentan desacreditarlo. «He sido víctima de varias denuncias fabricadas que han terminado archivadas», afirmó. Sus partidarios argumentan que el eurodiputado es blanco de ataques constantes debido a su papel como una voz crítica hacia el establishment político.
Además, Pérez ha destacado que no hay evidencia que demuestre que los fondos en cuestión se usaron de manera indebida. «Lo que está ocurriendo aquí es una caza de brujas contra un adversario político que no teme alzar la voz», declaró en redes sociales.
Críticas al papel de la Fiscalía
Los seguidores de Alvise también han cuestionado el papel de la Fiscalía Anticorrupción en este caso. Acusan al organismo de actuar con parcialidad y de basarse en pruebas «débiles y circunstanciales». Algunos incluso ven esto como una estrategia para desviar la atención de los problemas reales que enfrenta el sistema político y judicial en España.
Un proceso que sigue abierto
Mientras el Tribunal Supremo decide si acepta la solicitud de Anticorrupción para investigar al eurodiputado, Pérez sigue con su actividad parlamentaria y asegura estar preparado para defenderse en los tribunales. «Esto no es más que otro intento de intimidarme, pero no lograrán callarme», concluyó en su última intervención pública.
Sus seguidores, mientras tanto, piden que se respete la presunción de inocencia y critican lo que consideran un uso desproporcionado de recursos judiciales para atacar a una figura política incómoda.
