El juicio contra un monitor de surf acusado de abusos sexuales a 11 menores en Hondarribia ha comenzado este lunes en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. La sesión inicial incluyó la declaración a puerta cerrada de las presuntas víctimas, un procedimiento adoptado para proteger su intimidad y evitar su revictimización.
La presidenta del tribunal, la magistrada Jone Unanue, admitió dos nuevas pruebas propuestas por la defensa del acusado. Una de estas pruebas es un informe sobre deshabituación de consumos, cuya admisión fue cuestionada por las acusaciones particulares debido a que data de 2022 y podría haberse presentado anteriormente.
El procesado, quien regentaba una escuela de surf y organizaba campamentos en diversas localidades, enfrenta una petición de penas que suman 85 años de cárcel. Los hechos habrían ocurrido entre 2011 y 2021, antes de la entrada en vigor de la Ley del ‘sólo sí es sí’.
Declaración de los Jóvenes Denunciantes
Te interesa
El acusado fue trasladado a una sala adyacente para permitir la declaración de los jóvenes denunciantes sin su presencia, una medida destinada a proteger sus derechos. Según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), esta decisión busca evitar la revictimización de las víctimas.
Acusaciones y Detención
La Fiscalía solicita penas que suman 85 años de cárcel para el acusado: 84 años por 11 delitos de abusos a menores de 16 años y un año adicional por posesión de material de explotación sexual infantil. El hombre fue detenido en agosto de 2021 en Hondarribia, tras lo cual ingresó en prisión provisional.
Durante la detención, la Ertzaintza encontró en su domicilio un disco duro con más de 4,000 archivos de explotación sexual de menores, según el escrito de acusación del Ministerio Público. Estos hallazgos han sido fundamentales para el desarrollo del caso.
Desarrollo del Juicio
Se espera que el juicio se extienda hasta el viernes 21 de marzo, con la declaración del acusado prevista como la última. Este proceso judicial ha captado la atención pública, subrayando la importancia de garantizar la seguridad de los menores en entornos educativos y recreativos.
