La magistrada Beatriz Biedma da por finalizada la instrucción del caso que afecta a David Sánchez, acusado junto a otros diez investigados de presunta prevaricación y tráfico de influencias. La Audiencia decidirá ahora si se abre juicio oral.
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La juez Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, ha dado por concluida la investigación judicial sobre el músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha remitido el procedimiento a la Audiencia Provincial de Badajoz para que determine si procede la apertura de juicio oral. La magistrada pone así fin a una instrucción compleja que ha sido calificada por la propia Audiencia como “brillante” en sus resoluciones previas.
El cierre de la investigación se produjo este martes tras la desestimación del último recurso presentado por la defensa de David Sánchez, que solicitaba la exclusión de más de 8.000 correos electrónicos intervenidos en la causa y el archivo del procedimiento. La instructora rechazó ambas peticiones, del mismo modo que hizo anteriormente con las defensas de otros implicados, entre ellos Luis Carrero, exasesor de Moncloa, quien habría obtenido presuntamente un puesto en la Diputación de Badajoz tras la incorporación de Sánchez a la institución provincial en 2017.
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El caso, iniciado en mayo de 2024 a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias tras una investigación publicada por El Debate, evolucionó de un trámite preliminar a una instrucción de amplio alcance. La juez Biedma ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a los correos de los investigados ante las demoras de la Diputación en aportar documentación. Entre los mensajes analizados se hallaron referencias al “hermanísimo” el mismo día de la publicación de las bases del concurso público que permitió la contratación de Sánchez, lo que reforzó las sospechas de irregularidades.
Durante el proceso se produjeron también tensiones institucionales. La fiscal del caso, que inicialmente respaldó las decisiones judiciales, cambió posteriormente de criterio y se opuso a algunas de las actuaciones de la instructora. Varios aspirantes a la plaza denunciaron ante la Fiscalía supuestas anomalías en la selección sin obtener respuesta, hechos que quedaron reflejados en sede judicial.
Asimismo, el intento del entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de obtener aforamiento parlamentario en plena investigación fue calificado tanto por la juez como por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura como una maniobra realizada “en fraude de ley”.
La causa concluye con once personas procesadas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Audiencia Provincial deberá ahora estudiar el expediente completo y decidir si procede la apertura de juicio oral. Fuentes jurídicas apuntan que, en caso de celebrarse, el juicio podría no tener lugar hasta 2026, dada la carga de trabajo del tribunal.
Por otra parte, Moncloa ha reconocido que asumió los gastos del hermano del presidente durante su estancia vinculada al cargo que ocupó en la Diputación de Badajoz, aunque se ha negado a detallar el importe o los conceptos abonados.
Con la remisión del procedimiento, la juez Beatriz Biedma pone fin a una instrucción que ha sido seguida con especial atención política y mediática desde su inicio, y cuya solidez jurídica ha sido reiteradamente avalada por la Audiencia Provincial.
