El Partido Popular ha decidido tensar el debate energético y las diferencias internas en el Gobierno al promover una enmienda para posponer el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), inicialmente previsto para 2027. La iniciativa, aprobada en el Senado, ha reavivado las discrepancias entre los socios del Ejecutivo y amenaza con abrir un nuevo frente político en el Congreso.
Podemos y Alianza Verde han reclamado que la Mesa del Congreso bloquee la tramitación de la enmienda, argumentando que invade competencias del Gobierno y vulnera los compromisos ambientales asumidos por España en materia de transición energética. Sin embargo, fuentes de los partidos del Ejecutivo admiten que el veto resulta complicado, ya que el texto cuenta con respaldo parlamentario suficiente para su debate.
Desde el PP defienden que el objetivo de la propuesta es garantizar la seguridad energética y proteger el empleo en la comarca, mientras el Ejecutivo insiste en que el calendario de cierre fue consensuado con las empresas propietarias y forma parte de la estrategia nacional de descarbonización.
La central de Almaraz, una de las más antiguas del país, debía cesar su actividad en la próxima década como parte del plan de apagón nuclear progresivo. No obstante, la ofensiva popular ha colocado al Gobierno en una posición delicada, forzándole a gestionar un nuevo equilibrio entre sus compromisos ecológicos y las presiones económicas y políticas.
