A más de la mitad de la legislatura, el Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar solo ha logrado sacar adelante una decena de las alrededor de 50 medidas que requerían la aprobación del Congreso, según el acuerdo rubricado hace más de dos años por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
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El principal obstáculo es el grupo independentista Junts, que hace semanas anunció que vetará todas las iniciativas procedentes de La Moncloa. Sin los votos de los siete diputados de Junts, el resto de proyectos se enfrenta a un futuro incierto, y la mayoría de los compromisos del pacto podrían quedar paralizados hasta 2027, incluso sin que se convoquen elecciones generales. Para avanzar, PSOE y Sumar necesitarían un improbable acuerdo con PP o Vox.
Algunas leyes incluidas en el pacto sí se están tramitando con éxito, como las de Impulso a la Economía Social y Cine, así como la nueva normativa de Servicios de Atención a la Clientela y Movilidad Sostenible. Sin embargo, otras medidas fundamentales —como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, la Ley Integral contra la Trata de Personas, la reforma de la carrera judicial, el reconocimiento de los bebés robados, el estatuto del becario o la reducción de ratios en las aulas— podrían quedarse en el cajón legislativo.
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El acuerdo de coalición también incluía compromisos como actualizar el modelo de financiación autonómica, limitar la concentración empresarial, implantar un sistema de infraestructuras “mallar”, regular el trabajo de los artistas, proteger las distintas modalidades de familias y promover un Pacto de Estado por los derechos LGTBI. Además, la tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado sigue bloqueada tras el rechazo de la senda de déficit.
En lo que va de legislatura, se han aprobado 25 leyes y convalidado 29 reales-decretos leyes, incluyendo algunas medidas del pacto de coalición, como la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término “disminuidos”, la ampliación de permisos por cuidado de hijos y la regulación de la jubilación parcial, además de una norma contra el desperdicio alimentario con multas de hasta 500.000 euros.
El PSOE mantiene la mano tendida a Junts y sigue apostando por el diálogo como vía para desbloquear la legislatura, mientras que el futuro del resto de proyectos del pacto sigue pendiendo de la negativa del partido independentista.
