La defensa de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de haber impulsado un informe “falso” y “manipulado” que sirvió de base para su imputación en la causa de las mascarillas. En un escrito remitido este miércoles al Tribunal Supremo, su letrada, Leticia de la Hoz, solicita la nulidad de todo el procedimiento al considerar que las acusaciones responden a una estrategia “selectiva” y “dirigida” para proteger a ciertos implicados y cargar la responsabilidad sobre otros.
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Según el recurso, el informe en cuestión fue encargado por el Ministerio de Transportes apenas seis días después de la detención de García, el 27 de febrero de 2024, y se emitió el 19 de agosto del mismo año. De la Hoz sostiene que el documento, elaborado “sin garantías procedimentales” ni respaldo legal vigente, omitió datos exculpatorios, empleó “lenguaje valorativo impropio de un informe técnico” y se difundió públicamente con el objetivo de “condicionar la opinión pública y judicial”.
La abogada subraya que el Real Decreto 253/2024, que otorgaba competencias de auditoría al órgano ejecutor, no entró en vigor hasta el 12 de marzo de ese año, por lo que considera que el informe carece de validez. A su juicio, el documento fue “una pieza de exposición pública” más que una auditoría interna, ya que fue divulgado en la web del Ministerio y en medios de comunicación “para generar una presión mediática sin precedentes”.
El texto sostiene que ese informe fue posteriormente incorporado al procedimiento por la Audiencia Nacional y utilizado como base para la exposición razonada que derivó en la imputación de García y de Ábalos ante el Supremo.
Además, la defensa de García denuncia una “selección estratégica de imputaciones” que, según afirma, ha dejado fuera del proceso a “actores fundamentales” del caso, como los presuntos beneficiarios de las actividades investigadas, que habrían declarado como testigos en lugar de imputados. Entre ellos, De la Hoz menciona a Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos; la aerolínea Air Europa; el empresario Claudio Rivas, de Villafuel; y varios cargos públicos con los que supuestamente se habrían mantenido contactos para favorecer intereses empresariales.
La abogada también reclama la devolución de los teléfonos móviles de su cliente, cuya retención considera injustificada, y advierte de que el suplicatorio aprobado por el Congreso para investigar a Ábalos no incluía varios de los hechos que ahora examina el Supremo, como la financiación pública de Air Europa o las gestiones fiscales vinculadas a Víctor de Aldama.
Con todo ello, De la Hoz pide que el Alto Tribunal declare la nulidad de la causa y desimpute a su defendido, alegando vulneración de derechos fundamentales y manipulación de pruebas.
