El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha llevado a cabo una profunda reestructuración del Consell, manteniendo en el gobierno a algunos de los consejeros más criticados tras la tragedia de la DANA, pero modificando sus competencias.
Susana Camarero seguirá ejerciendo como vicepresidenta, aunque pierde la portavocía del Consell y deja de estar al frente de Servicios Sociales, cartera que incluye la atención a mayores. Camarero ha sido citada recientemente como testigo en la causa penal que investiga la DANA por la muerte de 37 dependientes conectados al servicio de teleasistencia.
Por su parte, José Antonio Rovira, otro de los consejeros más polémicos, cambia sus responsabilidades de Educación, Cultura y Universidades a Economía y Hacienda. Rovira fue objeto de críticas tras ausentarse durante la DANA y regresar a su domicilio en Alicante en plena emergencia.
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Ruth Merino, única consejera del gobierno anterior que no continuará, sale de Hacienda. Además, Pérez Llorca ha creado dos nuevas consejerías: Presidencia, que reorganiza el personal heredado del mandato de Carlos Mazón, y Servicios Sociales, Infancia y Familia.
Con estos movimientos, el presidente busca reforzar la gestión y reorganizar las competencias vinculadas a la atención de emergencias y servicios sociales, en un momento en que la gestión de la DANA sigue generando debate en la sociedad valenciana.
