El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha llevado a cabo una profunda reestructuración del Consell, manteniendo en el gobierno a algunos de los consejeros más criticados tras la tragedia de la DANA, pero modificando sus competencias.
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Susana Camarero seguirá ejerciendo como vicepresidenta, aunque pierde la portavocía del Consell y deja de estar al frente de Servicios Sociales, cartera que incluye la atención a mayores. Camarero ha sido citada recientemente como testigo en la causa penal que investiga la DANA por la muerte de 37 dependientes conectados al servicio de teleasistencia.
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Por su parte, José Antonio Rovira, otro de los consejeros más polémicos, cambia sus responsabilidades de Educación, Cultura y Universidades a Economía y Hacienda. Rovira fue objeto de críticas tras ausentarse durante la DANA y regresar a su domicilio en Alicante en plena emergencia.
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Ruth Merino, única consejera del gobierno anterior que no continuará, sale de Hacienda. Además, Pérez Llorca ha creado dos nuevas consejerías: Presidencia, que reorganiza el personal heredado del mandato de Carlos Mazón, y Servicios Sociales, Infancia y Familia.
Con estos movimientos, el presidente busca reforzar la gestión y reorganizar las competencias vinculadas a la atención de emergencias y servicios sociales, en un momento en que la gestión de la DANA sigue generando debate en la sociedad valenciana.
