El juez Rubén Rus, del juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, está al frente de la investigación del caso Montoro, que involucra al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y su entorno en un presunto esquema de tráfico de influencias. Recientemente, el magistrado ha requerido a las entidades bancarias toda la información financiera relacionada no solo con Montoro, sino también con personas de su círculo cercano y varias empresas implicadas.
El autos del juez, que ha sido accesible a RTVE, habla de un conjunto de cerca de veinte personas físicas y jurídicas que están bajo el escrutinio de la investigación. Esta medida busca desentrañar los posibles vínculos económicos y transacciones que podrían sustentar las acusaciones en su contra.
Como parte del proceso, el juez también ha autorizado a la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, para que accedan al Fichero de Titularidades Financieras. Esto permitirá conocer todos los productos bancarios que están vinculados a los investigados, lo que era esencial dado que la información previamente solicitada a ciertas entidades se consideró «insuficiente».
El trasfondo del caso Montoro radica en la idea de que el exministro y su antiguo despacho, Equipo Económico, habrían actuado para moldear la legislación a favor de intereses específicos, especialmente de empresas del sector gasista. Se sugiere que estas acciones se coordinaron con la obtención de beneficios fiscales a medida, lo cual sería constitutivo de un abuso de poder.
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La investigación pone en el punto de mira la manera en que se realizaron los pagos. El juez ha señalado un patrón de fragmentación, que ha llamado su atención, ya que no todos los exsocios del despacho recibieron los mismos pagos, lo cual plantea preguntas sobre la coherencia de las transacciones en relación con sus porcentajes de participación en la empresa.
Esta fragmentación de pagos ha levantado sospechas en la Agencia Tributaria, que está investigando si realmente se rompieron los montos de las transferencias de las empresas gasistas para evitar ser detectados con mayor facilidad por los organismos de control. Se estima que casi un millón de euros podrían estar en el centro de esta investigación, a cambio de reformas legislativas que favorecieron a estas empresas.
La UCO, unidad del cuerpo especializado en delitos económicos, ha señalado que hubo pagos totales de 673.500 euros al despacho de Montoro, de los cuales se alega que gran parte se desvió hacia gastos personales. Este hallazgo se convierte en un eje central para comprender las posibles irregularidades en el actuar de quienes fueron responsables de la gestión y regulación del sector energético durante los mandatos en que Montoro fue Ministro de Hacienda.
Los indicios de que se encontraron pagos en momentos coincidentes con la elaboración de modificaciones legislativas son un aspecto en el que la Fiscalía está poniendo especial atención. Se alega que las reformas fiscales se aplicaron a través de modificaciones administrativas que facilitaban a las empresas el acceso a beneficios no típicos, según lo estipulado por la ley vigente en esos momentos.
