En una decisión sin precedentes en la Asamblea de Madrid, el Partido Popular y Vox han unido sus votos este jueves para aprobar una iniciativa que exige al Gobierno central supeditar las prestaciones sociales y la vivienda protegida al principio de «prioridad nacional», basándose en criterios de arraigo histórico y trayectoria de cotización.
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El panorama político madrileño ha dado un giro significativo este jueves en el pleno de la Asamblea. El Partido Popular (PP) y Vox han alcanzado un acuerdo para aprobar una proposición no de ley (PNL) que reclama al Gobierno de España que el acceso a todas las subvenciones, ayudas públicas y vivienda social esté inspirado en el concepto de «prioridad nacional». Esta es la primera vez que el grupo popular en Madrid valida explícitamente este término, central en el discurso de la formación de Santiago Abascal.
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La iniciativa, aunque no es vinculante, marca un hito legislativo al ser la Asamblea de Madrid el primer parlamento autonómico en aprobar una propuesta con esta terminología. El texto final, redactado por el propio PP a través de una enmienda de modificación aceptada por Vox, sigue la fórmula ya recogida en los pactos de gobierno entre ambas formaciones en regiones como Aragón y Extremadura.
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Arraigo y trayectoria de contribución El núcleo de la propuesta se centra en el «arraigo y vinculación con el territorio». En lo que respecta a las ayudas públicas, la moción exige establecer periodos mínimos de empadronamiento reforzados y vincular el acceso a la trayectoria de cotización y permanencia en el sistema. Asimismo, el texto aboga por excluir a los migrantes en situación irregular de las prestaciones sociales estructurales, limitando su atención exclusivamente a supuestos de «urgencia vital».
En materia de vivienda, la PNL apuesta por un acceso ligado a un «arraigo real y prolongado». Se proponen requisitos de empadronamiento histórico de al menos diez años para la compra de vivienda protegida y cinco años para el acceso al alquiler social. Estos criterios temporales ya están siendo integrados en el nuevo reglamento de vivienda que tramita actualmente el Gobierno regional.
Reacciones políticas La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha celebrado el acuerdo afirmando que la prioridad nacional «no es una extravagancia, sino el regreso al sentido común», y advirtiendo a la presidenta Díaz Ayuso que «se va a tener que sentar a hablar con Vox». Por su parte, Mónica García Molina (PP) defendió la postura como algo «razonable» basado en la «legalidad y la racionalidad», aunque reprochó a sus socios de voto la falta de rigor jurídico en algunos planteamientos originales.
La oposición ha reaccionado con dureza. Samuel Escudero, de Más Madrid, definió la iniciativa como un «cadáver moral» destinado a perseguir a los más débiles. Por su parte, el socialista Juan José Marcano acusó al PP de abandonar su «sentido de Estado» para convertirse en una «caricatura de los ultras».
A pesar del consenso, el PP ha dejado fuera de la redacción final las exigencias más radicales de Vox, como la repatriación forzosa de inmigrantes ilegales o la derogación del real decreto de universalidad sanitaria, centrando la medida estrictamente en la gestión de recursos y prestaciones públicas.
